Gobierno desahuciado

Por: Lissette Rolón Collazo

Depto. de Humanidades y Centro Universitario de Acceso (CUA), UPRM

En los últimos tiempos, en Puerto Rico y en buena parte del globo, una se pregunta si las cosas se pueden poner peor y rápidamente se contesta, tristemente, sí, desde luego se pueden poner mucho peor. Entonces, recuerdo una máxima de mi hermana y de tantas mujeres sabias que prefieren anticiparse e imponerse a la desgracia antes que dejarse vencer. Para las personas que viven en residenciales públicos de Puerto Rico esa máxima suele ser el pan nuestro de cada día porque las cosas no mejoran pese a esfuerzos comprometidos y bien intencionados.

De ese nubarrón nos hemos inundado en las últimas semanas. Un reportaje en El Nuevo Día y sus secuelas ha levantado un avispero desenfocado. El aspirante a Director de la Junta de la AEE y el de la AAA amenazaron con cortarle los servicios a los residentes por su morosidad o incumplimiento de pago. Afortunadamente, este gobierno cuenta con un Secretario de la Vivienda con miras más amplias que las de sus colegas y de inmediato solicitó una reunión para establecer un plan. Menos mal que el Gobernador tuvo un instante de lucidez y advirtió que la medida de desalojar a los que no paguen puede causar una crisis social. Qué bueno que asomó la pesadilla aunque fuera por segundos.

 

El balance es que aquellxs que no nos habíamos enterado, aprendimos que la Ley 69 –Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos– aprobada en noviembre de 2009 fue algo más que una medida politiquera. La misma perseguía atajar la morosidad y desarrollar estrategias para conseguir que los residentes cumplieran con un requisito federal de Vivienda Pública: pagar sus servicios de luz y agua. También nos enteramos que, pese a todo, en tres años los residentes deben 12.5 millones a la AAA y 29.9 a la AEE respectivamente. Ante tal iluminación, hubo muchxs que tomaron la piedra porque están cansadxs de ser lxs que pagan, porque cada vez están más estranguladxs por un gobierno incapaz y una crisis económica mundial. La soga, una vez más, partió por lo más débil y las personas que viven en caseríos se convirtieron en el chivo expiatorio de la frustración de otrxs.

 

Señoras y señores indignadxs con piedra en mano, esas comunidades no son el enemigo ni el problema de esas agencias y mucho menos la causa de esta crisis. Ellas constituyen, desde los avances del plan de desarrollo de Muñoz a mediados de siglo pasado, el área más fina de la soga. Ellas son la memoria de una pobreza que se arrinconó, se pintó y se resguardó en edificaciones de cemento. Ellas nos recuerdan que para que se diera la magia del desarrollismo hubo que fabricar un estado de bienestar social que, no obstante, estuvo quebrado desde sus orígenes. Ellas y lxs que importamos al Norte son el recuerdo de un país colonizado y pobre que aspiró a un pacto entre iguales y terminó siendo un segundón de tercera. Ellas son la memoria y el presente de una pobreza que Puerto Rico no puede mirar a los ojos sin sentir culpa y rubor precisamente porque imaginamos que dejamos de ser pobres hace décadas.

 

Algún listo podría decirme: ¡pues que se vayan a trabajar! Y yo le contestaría, muchxs lo hacen ya, pero lxs más desbordarían las oficinas de desempleo y dispararían las estadísticas más allá de lo razonable para cualquier agencia crediticia global. En otras palabras, sale más barato asistirlxs que tenerlxs como ciudadanxs activxs en el mercado laboral. Si no me lo creen, pregúntenle a la economista de su preferencia.

 

Las comunidades de los residenciales públicos son poblaciones complejas en las que hay gente que paga y gente que no, gente que trabaja y gente que no, gente que estudia y gente que no, gente que sueña y gente que hace (o no) muchas otras cosas. Como podría explicarlo cualquier sociólogo o planificador, esas comunidades no son el problema. Si quisiera, hasta el Gobernador podría explicarlo.

 

El problema está en muchos otros sitios, pero por esta vez quiero apuntar sólo a uno: el propio gobierno. Según el Informe Anual sobre el Estado de la Propiedad Eléctrica de la AEE (Informe número 38, junio de 2011), al final del año fiscal 2011 la AEE tenía sin cobrar $1,184.1 millones, de los cuales $ 409.1 son adeudados por el gobierno. A continuación algunos de los deudores principales:

 

Autoridad de los Puertos: $55.3 millones

AAA: $49.6 millones

Tren Urbano: $20.8 millones

Autoridad de Edificios Públicos: $18.6 millones

Administración de Servicios Médicos: $13.6 millones

Gobierno central y sus agencias: $54.2 millones

 

Invito a lxs ciudadanxs indignadxs con las personas de residenciales públicos que redirijan su rabia y justa frustración a las agencias mencionadas y al propio gobierno. Le pregunto a los directivos de la AEE y de la AAA, ¿por qué no desahucian al Gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué no nos liberan de su nubarrón de fatalidad y desatino? Quizá nos alumbre una mejor primavera después del colapso.

 

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5 comentarios en “Gobierno desahuciado

  1. Excelente y necesario artículo. Muy acertado lo de meter a los pobres en un sitio que luego se maquilla, como se maquilla este país y sociedad guanabí. Encima de que cargan con el desprecio de las clases media y alta, son el voto cautivo del tag-team político. Y así lo quieren los gobiernos, por los siglos de los siglos.

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