colonialismo, saqueo y reforma educativa

foto:periódico El Vocero.

El huracán María arrasó con Puerto Rico hace ya más de seis meses, y la frustración de los puertorriqueños con sus funcionarios públicos es palpable. Motivos y personajes para indignarse sobran: ahí estaba, por ejemplo, hasta hace unos pocos días, el director de PREPA, Ricardo Ramos, quien presidió la comedia de errores y horrores de los apagones que aún no terminan y que, para muchos, limitan y definen la vida cotidiana; ahí está Héctor Pesquera, ignorando, insistentemente, miles de muertes provocadas por el huracán y la negligencia de las autoridades; ahí está el gobernador Rosselló, quien repartió millones de nuestro quebrado erario entre contratistas de dudosa reputación y escasos resultados.

Pero la funcionaria más controversial es probablemente la secretaria de educación, una consultora de Filadelfia llamada Julia Keleher, quien se ha convertido en el blanco de una campaña viral que la invita a renunciar y dejar la isla usando el hashtag #JuliaGoHome, y de miles de maestros que se unieron a un paro el pasado lunes en protesta al proyecto de ley que su oficina ha generado y que conocemos popularmente como “la reforma educativa”.

Keleher es la primera persona no-puertorriqueña que ocupa el cargo desde principios del pasado siglo, cuando todos los funcionarios de la colonia eran estadounidenses. Durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, su firma le había prestado servicios, por contrato, de “diseño e implementación de reformas educativas” al Departamento de Educación, servicios que costaron casi un millón de dólares y cuyos resultados no están claros.

La resistencia inicial se enfocó en su salario, $250,000 anuales. En una isla quebrada que vive bajo el yugo de una deuda impagable (y de las medidas de austeridad que se han impuesto para que la paguemos), Keleher se las ha arreglado para ganar diez veces más que el maestro promedio, más del doble que los secretarios que la preceden, tres veces lo que gana el gobernador Rosselló, 25 por ciento más que la secretaria de educación de EEUU, Betsy DeVos, y más que el 95 por ciento de los líderes de educación pública en todo el mundo.

El salario máximo de los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico está limitado por ley, de modo que para poder pagarle esa cantidad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– creada, irónicamente, en el 2016 para implementar medidas de ahorro y austeridad– facilitó un contrato aparte que de facto la ha convertido en asesora para la misma agencia que dirige. Su salario exorbitante, así como el de otros nombramientos, incluyendo el de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, ha sido justificado en los medios como “necesario” para atraer el talento que la isla y la crisis requieren urgentemente.

En respuesta a las críticas, los que defendieron su confirmación hicieron hincapié en sus credenciales y destrezas “de calibre global”, alabándola como una tecnócrata hábil, experta en el análisis de datos y el uso de evidencia para implementar prácticas y formular métricas.  La describieron además como alguien que, precisamente por ser “de afuera”, sería inmune a las presiones de la política partidista que corrompía la gestión de otros secretarios y del gobierno en general. Este último argumento se encuentra ya en entredicho: la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles está investigando a su oficina por violaciones éticas y favoritismo político.

Pero el caso es que la evidencia y los “datos” que Keleher alegadamente usa como base para las reformas que implementa y propone no han sido comunicados de forma transparente. La lógica para escoger, por ejemplo, las más de 150 escuelas que cerró (y las trescientas que propone cerrar) no ha sido explicada, al menos no más allá de vagas referencias a la pérdida de estudiantes que han emigrado recientemente a Estados Unidos.

La decisión de cerrar escuelas no parece ser inocente, aislada o trivial. Para empezar, Puerto Rico carece de transportación pública confiable, y el Departamento opera muy pocas guaguas escolares. En una isla donde más de la mitad de los niños vive bajo el nivel de pobreza, muchos padres carecen de los medios para llevar a sus hijos a escuelas más lejanas. A muchos les preocupa el impacto de la consolidación de escuelas sobre niños que aún están lidiando con el trauma y las consecuencias de la tormenta. Ni hablar de la pérdida inminente de empleos docentes que cerrar escuelas implica. Con el apoyo y ayuda de la oficina de DeVos, el departamento que dirige Keleher ha producido un proyecto de “reforma educativa”, diseñado para aumentar la libertad y opciones educativas (“school choice” es un término muy popular entre los partidarios de reformas neoliberales en Estados Unidos) mediante la implantación de escuelas chárter (Keleher las llama “escuelas alianza”) y vales educativos. En las vistas que el Senado convocó para discutir el proyecto, el decano de educación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras testificó en contra de las chárters utilizando argumentos basados en estudios concretos y fue despedido posteriormente por el presidente interino del sistema UPR, quien ha apoyado la reforma públicamente. El paro del lunes buscaba presionar a los senadores para que no aprobaran el proyecto, pero este pasóde todas formas, y la versión final necesita solo la firma del gobernador (quien también ha sido explícito en su apoyo) para convertirse en ley. Los vales y las chárters del proyecto están acompañados, predeciblemente, por el anuncio del cierre de 300 escuelas más (casi una tercera parte del sistema público) y un proyecto aprobado el año pasado que facilita la creación, en fast track, de las llamadas “escuelas-iglesia”, combinando así dos de los principios favoritos de la derecha: el “school choice” y la (mal llamada) “libertad religiosa”.

Resulta difícil no interpretar esa combinación–eliminar escuelas públicas y a la vez traer vales y chárters a la mesa– como otra cosa que no sea una privatización a gran escala del sistema educativo y una luz verde al uso de fondos públicos para alimentarla. No nos parece que el vínculo que existe entre los fondos buitre que esgrimen nuestra deuda y la industria de escuelas chárter en Estados Unidos sea una coincidencia. Por su parte, Keleher niega que el proceso sea uno de privatización. Y el borrador final del proyecto es notablemente vago en lo que respecta a aspectos críticos de sus propuestas: las chárter podrían ser organizaciones con o sin fines de lucro, los vales podrían o no usarse en escuelas religiosas, y tanto las chárter como las privadas podrían o no aceptar estudiantes de educación especial.

Este último tema, el de educación especial, es particularmente crucial, y la falta de énfasis de Keleher sobre el mismo resulta reveladora. En los cincuenta estados, la población de educación especial constituye un 13 por ciento del total del estudiantado. En Puerto Rico, sin embargo, 40 por ciento de los estudiantes requieren (por ley) estos servicios.  Numerosas investigaciones sugieren que las chárter admiten y retienen menos estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales. La secretaria no parece particularmente preocupada por esta población o por las implicaciones que su reforma tiene para la demografía y presupuesto de las escuelas públicas.

Keleher ha sido confrontada, tanto por maestros como por la prensa, con preguntas sobre los cambios que propone. Sus respuestas suelen ser inadecuadas, inapropiadas y a veces sencillamente groseras. Tiende a reaccionar con aseveraciones bruscas, desinformadas, o sarcásticas. En una ocasión, descontenta con las preguntas de unas maestras, y aparentemente no preparada para contestarlas, simplemente abandonó la reunión.

Su reacción a las críticas en torno al contrato reciente, por $16.9 millones, que le otorgó al también estadounidense Josephson Institute of Ethics para enseñar “valores” en las escuelas públicas puertorriqueñas es reveladora: tras justificar el cierre de las primeras 179 escuelas como necesario para crear un ahorro de 7 millones, le restó importancia al monto del contrato de Josephson y lo describió (tras hacer, frente a la prensa, gestos de estar haciendo la matemática del asunto) como un gasto relativamente menor, menos del 1 por ciento del presupuesto total de la agencia. Pero para muchos puertorriqueños, que trabajan en y asisten a escuelas donde escasean los recursos, el equipo y los materiales, la suma de 16.9 millones es extraordinaria. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de las trabajadoras sociales que en principio están a cargo de esa función en las escuelas, contestó que estas carecen de las destrezas de liderato y administración que hacen falta para la tarea. Cuando se le preguntó por qué no explorar la posible contratación de la Universidad de Puerto Rico (que de hecho tiene experiencia con la creación de currículos de ética), preguntó, retóricamente y con expresión de fastidio, “qué obligación” tenía ella de hacer eso.

Más tarde, cuando le preguntaron por qué, concretamente, había elegido (sin subasta pública) a la firma de Josephson, contestó bruscamente “porque sí”, añadiendo más adelante que tenía “evidencia” de que la compañía californiana había tenido buenos resultados con una versión más pequeña del mismo programa que, bajo el nombre de “Tus Valores Cuentan”, llevaron a cabo durante la gobernación de Luis Fortuño. Los que apoyan a Keleher, incluyendo al gobernador mismo, han repetido esto de la “evidencia de buenos resultados” en numerosas ocasiones. Este argumento es, sin embargo, debatible: el instituto nunca ha corrido su programa, Character Counts, a esta escala, y la única evaluación que pudimos encontrar (financiada por el mismo instituto Josephson) no parece adecuadamente profunda o rigurosa y sugiere, como mucho, resultados modestos. Cuando le preguntaron a Keleher cómo supo de la existencia del programa y del instituto, alegó no recordar nada, pero poco después salió a relucir que una funcionaria (con una larga trayectoria en el PNP y directora nada menos que de la oficina de Ética) había traído el programa a su atención. Gran parte de los contratos del Instituto Josephson son financiados con fondos públicos y sus clientes incluyen al FBI, el Departamento de Defensa, y la CIA. El mismo Josephson ha aceptado, sin embargo, que el nuevo contrato en Puerto Rico es el más caro y complejo que han obtenido hasta ahora.

Ahora que ha aumentado la presión del público, Keleher y sus partidarios están acusando a los críticos de prejuicio y xenofobia. Alegan que Keleher no agrada porque es estadounidense, o que su audiencia puertorriqueña no la entiende bien porque el español no es su primer idioma. Insisten en que Keleher está haciendo un gran esfuerzo (por nuestros niños, y por comunicarse) y que sugerir que alguien de Filadelfia no debería correr el Departamento de Educación es equivalente a decir que un puertorriqueño no podría correr una agencia en Estados Unidos. Estos argumentos, sin embargo, oscurecen los procesos históricos y las diferencias de poder que le sirven de base a esta controversia. ¿Le permitirían acaso, a una puertorriqueña, manejar un departamento de educación en Estados Unidos sin exhibir conocimientos plenos del idioma inglés y la cultura e historia del país?

Tomando en cuenta la falta de competencia cultural que ella misma admite, Keleher tal vez desconoce el hecho histórico de que Estados Unidos trató una vez de importar maestros a Puerto Rico con la intención explícita de transformar el idioma, la cultura, y la memoria histórica del pueblo y así convertir a Puerto Rico en un Porto Rico más aceptable. Los maestros locales protagonizaron entonces la resistencia a la imposición de las políticas educativas de “English-only” y la preservación de la historia y tradiciones culturales puertorriqueñas en el currículo.

La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos implica que cualquier nombramiento estadounidense a una posición de poder en la isla constituye una regresión y exacerba años y años de mensajes ideológicos que afirman la incompetencia de los puertorriqueños, su falta de preparación, su ética monga y, en general, sus deficiencias, una ideología que redunda en una “solución” obvia: traer a otra persona, preferiblemente estadounidense, para “arreglar” los desastres que los nativos crean. El mensaje de esa incompetencia, de esa incapacidad para gobernarse a sí mismos, es uno que resurge y se repite con frecuencia últimamente y que refuerza medidas extremas: desde la imposición de una junta todopoderosa bajo la ley PROMESA, pasando por la creación de un mecanismo separado para administrar fondos federales destinados a la reconstrucción post-huracán, hasta el reclutamiento, desde la oficina de Keleher, de personas fuera de la isla, en los cincuenta estados, para ocupar posiciones de alta gerencia (incluyendo directores de asuntos académicos y recursos humanos) en Puerto Rico.

Es importante que ubiquemos conceptualmente el fenómeno Keleher en el paisaje más amplio de un Puerto Rico post-María. Si bien es cierto que su nominación provocó algunas dudas, es también cierto que ha preparado el camino para nombramientos que, aunque igualmente escandalosos, han enfrentado menor resistencia. Ese es el caso por ejemplo de Walter Higgins III, seleccionado para poner en marcha la privatización de la autoridad de energía eléctrica, y Brad Dean, el CEO de una nueva organización sin fines de lucro creada a través de legislación especial, llamada Destination Marketing Organization (DMO) y diseñadapara privatizar los trabajos a cargo anteriormente de las agencias de turismo gubernamentales. La creación de DMO dice mucho sobre la escala de la transferencia de responsabilidades y recursos del ámbito de lo público al de lo privado.

Está claro que la privatización y la entrada de capital privado están siendo asumidos y presentados como los motores de la recuperación económica de Puerto Rico. El énfasis del gobierno local y la junta fiscal ha estado, incluso antes de María, en reducir agencias gubernamentales, atraer inversionistas externos a través de incentivos contributivos, privatizar servicios públicos–incluyendo servicios esenciales como educación, energía y salud– y asegurar ganancias para los bonistas e inversionistas privados. No debe sorprendernos entonces que los especuladores paren la oreja y que los bonos del país estén repuntando.

La “reforma” de Keleher ilustra y surge así de un proceso que, aunque acelerado, sigue la receta tradicional de los sicarios del capitalismo del desastre: reducir recursos y encoger instituciones públicas, otorgar contratos lucrativos a individuos y entidades privadas basados en Estados Unidos, redirigir fondos públicos para crear escuelas nuevas, cerrar escuelas tradicionales, despedir maestros para facilitar y financiar sus planes, y hacer todo lo anterior al tiempo que se lucra y beneficia personalmente.

Desafortunadamente, Julia Keleher no parece ser una excepción o una anomalía. Falta ver si la insatisfacción detrás del reclamo #JuliaGoHome puede convertirse en una marejada mayor de descontento y resistencia contra la explotación y desmantelamiento de los recursos de Puerto Rico y el endurecimiento del dominio colonial.

*nota: esta pieza la escribí en colaboración con Yarimar Bonilla y Natasha Bannan. La versión original en inglés fue publicada en el periódico The Nation. 

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