¿La “universidad del norte”, o la universidad del desastre? *

En estos días, el futuro de esa institución venerable que es la Universidad de Puerto Rico parece incierto. El huracán María mutiló su infraestructura hace un año, y los gobiernos (el local, el federal, y ese aparato fantasmal que llamamos “La Junta”) claramente han decidido que, en lugar de reparar y fortalecer nuestra educación superior pública, van a aprovechar sus heridas (y nuestro trauma) para debilitarla más aún. Así, en este país nuestro, un territorio cada vez más pobre y con altas tasas de desempleo, donde la electricidad es intermitente y a los muertos se les niegan el nombre y la dignidad, los estudiantes y sus familias tendrán que enfrentar un costo de matrícula que sube, una oferta de cursos que baja, la ausencia de muchos profesores “temporeros”, la inseguridad que produce la existencia de un “plan fiscal” sobre el cual nadie parece hablarles claro, la eliminación de exenciones …Todo ello en una institución que por más de un siglo ha sido nuestro vehículo de movilidad social por excelencia.

 

Un político famoso (e infame) de derecha en Estados Unidos dijo una vez que él no quería eliminar, lo que se dice “eliminar”, el gobierno: sencillamente, advertía sonriendo, quería reducirlo en tamaño y así poder ahogarlo en la bañera. El hombre la encontraba muy jocosa, pero es realmente una imagen violenta, y es justamente lo que parece estar ocurriendo en Puerto Rico, donde el afán de los miembros de La Junta (esa junta a la que nadie llamó, por la que nadie votó) por implementar lo que eufemísticamente llaman “right-sizing” se traduce en una amenaza constante contra todo lo público–de hecho contra la existencia misma de nuestra universidad.

 

En las semanas posteriores al huracán María, el Departamento de Educación de Estados Unidos separó $41 millones para apoyar a los estudiantes y universidades impactados por el huracán. De esa asignación de fondos (de por sí bastante pequeña, en comparación con los daños estimados de 118 millones sufridos por la UPR), nuestro sistema recibió solamente 20 por ciento, en contraste con las asignaciones de fondos ($190 millones) que recibieron hace años las instituciones universitarias impactadas por el huracán Katrina en Louisiana y Mississippi. Para colmo, una porción considerable de esos “María relief funds” fueron otorgados a instituciones privadas fuera de la isla, tales como New York University y Grand Canyon University, que no fueron impactadas directamente por el huracán y se limitaron a ayudar a un número relativamente pequeños de estudiantes puertorriqueños a continuar sus estudios.

 

Además de otorgarle fondos insuficientes a la UPR, el departamento de Betsy DeVos ha estado últimamente destripando programas tradicionalmente importantes para los estudiantes más necesitados, tales como estudio-y-trabajo. En Puerto Rico, una isla traumada donde el ingreso anual familiar mediano está por debajo de $20,000 y donde obtener cualquier empleo es difícil, estas políticas federales son particularmente perniciosas: muchos estudiantes se verán obligados a dejar de estudiar o a tomar menos cursos para poder sobrevivir.

 

La imposición de esta “austeridad” sobre la UPR no surgió con María, claro está: La Junta (esa suerte de gobierno paralelo, poderoso y sombrío nombrado por el presidente Obama como parte de de la ley PROMESA) le había echado ya el ojo a la universidad, tempranito en su gestión. Siguiendo ese libreto de “medidas de austeridad” tan fracasado pero tan común en los países endeudados, y aprovechando el doble shock de la deuda y el huracán, la Junta y sus cómplices han estado recortando pensiones, cerrando escuelas, desprotegiendo recursos naturales y, por supuesto, exigiendo recortes en la universidad, desde el principio. Sus actividades y expresiones nos han enviado un mensaje consistente y claro: Los gobiernos, tanto el federal como el local, han abandonado a la universidad (y al bien común) como una prioridad social.

 

La Universidad de Puerto Rico ha sido, históricamente, una de las mejores inversiones que ha hecho el país. Contribuye significativamente a la economía local y de hecho ha sido una de las entidades públicas que mejor y más sofisticadamente ha manejado su propia deuda. Resulta entonces curioso, irónico, tal vez hasta burlón, que la Junta la haya elegido como blanco de sus primeros recortes, sin publicar la lógica de sus números, sin proveer datos concretos, sin excusa y sin justificación económica.  

 

Pero podemos especular sobre las posibles razones de la Junta para empezar el desmantelamiento de lo público metiéndole tijera a la UPR: la universidad ha sido, históricamente, un espacio de resistencia al colonialismo y a las reformas neoliberales, y esa fama le ha ganado la antipatía de los sectores más conservadores del país–y la convierte en una amenaza para La Junta. La educación superior, en general, está fuertemente vinculada a la conciencia y participación política. De hecho un estudio reciente realizado en Puerto Rico por Yarimar Bonilla sugiere que los estudiantes que asisten a instituciones públicas tienden a tener un mayor “conocimiento político” que aquellos que asisten  a instituciones privadas. Por muchos años, la UPR se ha caracterizado por un movimiento estudiantil activo y robusto que ha protestado la intervención colonial vigorosamente desde 1948, y que ha sido punta de lanza para la resistencia a nivel nacional contra la imposición de medidas de austeridad sobre la institución y la isla en numerosas ocasiones, incluyendo, en el 2016, contra PROMESA y la Junta misma.

 

Así, los miembros de la Junta y sus portavoces locales estaban haciendo declaraciones públicas sobre la necesidad de imponer grandes recortes en la Universidad tan temprano como enero del 2017. Los números eran un blanco en constante movimiento: primero dijeron $350 millones, luego dijeron $450, en algún momento hablaron de $500–de nuevo, sin explicación, lógica, fórmulas o datos. En cualquier caso, los recortes discutidos públicamente entonces se aproximaban a la tercera parte del presupuesto total del sistema.  Durante un año, la Junta se dedicó a ignorar las medidas y los planes fiscales propuestos por la administración universitaria, grupos estudiantiles y organizaciones docentes y, finalmente, publicó e impuso su propio plan en abril del 2018, duplicando de inmediato los costos de matrícula, estableciendo aumentos posteriores, y presentando algo llamado “campus consolidation” (por lo general se comunica en inglés, La Junta, independientemente del contexto o la audiencia) que es difícil no interpretar como un plan para cerrar, o al menos encoger, a los siete recintos más pequeños, y por ende reducir significativamente la cantidad total de estudiantes y empleados docentes y no-docentes en el sistema. Irónicamente, la misma Junta que le exige “austeridad” a la UPR le cuesta a Puerto Rico 5.7 millones al mes en gastos operacionales y le paga salario y beneficios escandalosos a su directora ejecutiva.  

 

Tomando en cuenta la coyuntura histórica que atraviesa Puerto Rico, una esperaría que el gobierno facilitara, incluso motivara, iniciativas de investigación y creación en temas urgentes como lo son el desarrollo de nuevas tecnologías solares o el tratamiento de trauma. La UPR es un centro crucial de investigación, que genera más del 70 por ciento de la producción científica del país. A pesar de las cargas pesadas y la falta de acceso a ciertos recursos académicos, la universidad ha logrado allegar y retener un cuerpo docente de calibre mundial que incluye humanistas y científicos reconocidos, y es un espacio que nutre el pensamiento crítico y la innovación científica. Por poner un ejemplo: mientras muchas universidades en Estados Unidos intentan, con dificultad, producir más grados STEM, especialmente entre entre estudiantes latinos, la UPR es, por mucho, una de las que más estudiantes gradúa en ciencia y tecnología a nivel subgraduado y graduado.

 

Pero en lugar de promover y fortalecer nuestros recursos públicos, el gobierno parece estar empeñado en subcontratar compañías norteamericanas y en fomentar las ganancias privadas a expensas del bien público. Facilidades importantes, como el impresionante Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico–que no solo jugaría un rol importante en atender nuestra desesperada situación de salud, sino que allegaría ingresos a la universidad misma–estuvo languideciendo mucho tiempo gracias a la inacción gubernamental, e iniciativas como el “posterriqueño” (que recortaría a la mitad nuestros gastos de iluminación  de exteriores), son ignoradas y saboteadas por la burocracia local.

 

Mientras tanto, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, ha declarado que los recortes impuestos por la Junta son “manejables”. La Junta de Gobierno de la UPR, amarrada a intereses políticos y politiqueros, ha hecho poco por defender a la institución. La complicidad entre esa junta (de gobierno) y La Junta (de Control Fiscal) se hace evidente  cuando vemos que los esfuerzos que la universidad puede hacer en el ámbito jurídico para protegerse de los recortes bajo el título III de la ley PROMESA los están liderando no los administradores, sino una coalición de docentes (extenuados pero en pie de lucha) que ha presentado una demanda que busca proteger a la universidad como el “servicio esencial” que ciertamente es, especialmente en tiempos de crisis.

 

El aumento en la matrícula ha sido justificado por La Junta y sus partidarios usando el argumento de que la UPR es mucho más “barata” que las universidades públicas en los cincuenta estados. Lo que no dicen es que al tomar en cuenta variables como ingreso familiar y precio neto, los estudiantes puertorriqueños en realidad pagan más, no menos, que sus contrapartes en Estados Unidos. Obligarlos a obtener préstamos para pagar por sus estudios en un mercado laboral deprimido, como el nuestro, es añadir insulto a la afrenta. Encoger o cerrar los recintos más pequeños en nombre de una supuesta “eficiencia”, por su parte, tendría impactos negativos, directos e indirectos, en las economías de algunos de los municipios más vulnerables de la isla, y obligaría a muchos estudiantes de esos pueblos a dejar de estudiar–o a matricularse en alguna de las múltiples instituciones, con fines de lucro y de valor cuestionable, que con tanto empeño los reclutan y con tanta frecuencia los endeudan.  

 

Este ataque contra la universidad pública, una institución tan respetada que hasta un miembro de la Junta la describió recientemente como “esencial”, no debe verse como un fenómeno aislado, sino ubicarse en el contexto de una toma violenta o golpe de estado por parte del llamado “capitalismo del desastre”, donde aquellos que obtienen y obtendrán ganancias a costa de la tragedia de Puerto Rico se benefician no de uno sino de dos  desastres: el yugo de una deuda impagable (alrededor de $72 billones en bonos y $50 en pensiones), y el impacto de dos huracanes seguidos, Irma y María, con daños estimados de $90 billones y una secuela de miles de muertes.

 

De hecho: todavía no conocemos con precisión el número de muertos, ya que el gobierno local no pudo o no quiso contarlos en tiempo real. Cuando el reclamo público para que se reconociera que la cantidad de muertes excede por mucho al número oficial se tornó ensordecedor (gracias en gran medida a los esfuerzos locales del Centro de Periodismo Investigativo), el gobierno contrató no a la UPR sino a la universidad (privada) George Washington para hacer el estudio y el análisis. Sin dudar de la calidad del trabajo de los investigadores de GW, esta contratación es un ejemplo más de la tendencia, por parte del gobierno local y el federal, de tratar los aspectos relativos a la recuperación post-María como una oportunidad para transferir recursos y servicios de manos públicas a manos privadas. Algunos de esos contratos, muy grandes y en ámbitos urgentes como energía y alimentación, fueron otorgados a firmas privadas con resultados frecuentemente desastrosos. Pero los partidarios del “gobierno pequeño” no se amilanan: los planes para privatizar la producción y distribución de energía siguen en pie, y parte del presupuesto del departamento de educación, por ley, alimentará las arcas de las escuelas privadas y charter.

 

La pregunta de cómo le aplicarán el manual del capitalismo del desastre a la universidad es un poco más complejo o sutil, pero quizás más siniestro. A diferencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Educación o cualquier otra agencia del Estado, la UPR cuenta con una ley de gobernanza y financiamiento  (totalmente menoscabada por la Junta) que le confiere un grado de autonomía indispensable para garantizar que la libertad de pensamiento, la búsqueda del saber y el libre flujo de críticas e ideas no estén maniatados a intereses políticos. Sin embargo, parte del discurso oficialista ha sido reducir a la UPR a un brazo operativo de la rama ejecutiva del gobierno y tratarla como una agencia gubernamental más, recortando, por ejemplo, su presupuesto general de manera desproporcionada y asignándole 10 millones de dólares a la nueva Oficina de Transformación Institucional (OTI). Esta  oficina, adscrita a la Junta de Gobierno con acceso “completo, libre e irrestricto” al funcionamiento de la UPR, está encargada de implementar las medidas del plan fiscal y “proyectos especiales” que sospechamos beneficiarán entidades a privadas.

 

La aplicación del capitalismo del desastre a la UPR  presenta serias amenazas para los estudiantes. En una isla en donde el 40 por ciento de la población y más de la mitad de los niños viven bajo el nivel de pobreza, los estudiantes más afectados por cualquier recorte, incluyendo los que exige La Junta, son precisamente los más necesitados. Esto se debe no solamente, o incluso principalmente, al alza en la matrícula, sino a dos factores que se discuten con menos frecuencia.  Primero, el sistema de admisiones está basado parcialmente en un examen de admisión, lo que implica que cualquier reducción de espacio deja fuera a los estudiantes con las puntuaciones más bajas. Estos estudiantes, por razones estructurales de desigualdad educativa, suelen ser los más pobres. Segundo, los recintos regionales que aparentan estar más amenazados en el Plan Fiscal presentado por la Junta, tales como Utuado o Aguadilla, suelen servir más estudiantes de escasos recursos y menor capacidad para mudarse a otro recinto que los recintos más grandes (como Río Piedras o Mayagüez). En Puerto Rico, estos  estudiantes más vulnerables (es decir, estudiantes de escasos recursos sin acceso a un recinto de la UPR) son activamente reclutados y absorbidos por una industria de educación con fines de lucro  (“for-profit”) que les cobra la totalidad de la beca Pell y los exhorta a asumir préstamos estudiantiles,  en un esquema muy similar al que ha causado el endeudamiento de gente joven y el aumento desproporcionado en el impago de deuda estudiantil en los Estados Unidos. Para colmo (¡qué ironía!) algunas de las entidades financieras que poseen o tienen lazos con la industria de educación con fines de lucro  son además tenedoras de bonos puertorriqueños. Este es el caso, por ejemplo, de Apollo Group, el fondo buitre que incluye a la University of Phoenix en su portafolio.

 

Resulta muy sugestivo, en este contexto, que nuestra (única) representante en Washington, la comisionada González, haya presentado recientemente un proyecto de ley para suavizar las regulaciones del sector de colegios for-profit en Puerto Rico. Específicamente, el proyecto busca maximizar la cantidad de fondos públicos a los que estas instituciones tienen acceso. No vemos a González, por otra parte, legislando para ayudar a la universidad pública, que gradúa más estudiantes, con grados de mejor calidad.

 

Los peligros que encaran los estudiantes en la mayoría de las instituciones for-profit en Puerto Rico son los mismos que enfrentan jóvenes universitarios en los cincuenta estados: con escasas excepciones, las for-profit tienen tasas de graduación muy bajas y ofrecen grados de dudosa calidad. Los estudiantes que asisten a estas instituciones suelen quedar endeudados, sin grado y sin empleo.  En contraste, la UPR tiene las mejores tasas de graduación de Puerto Rico, ha sido ampliamente reconocida como un motor de movilidad social, y le permitió a muchas personas en generaciones previas salir de la pobreza. Mientras que en Estados Unidos, los recintos principales (flagship) de los sistemas de universidades públicas son cada vez menos accesibles para estudiantes de bajos ingresos y en algunos, como  en la Universidad de Michigan, menos del 15% de los estudiantes son técnicamente “low-income”, en los dos recintos subgraduados principales de la UPR más de la mitad de los estudiantes lo son.  Este hecho resulta especialmente importante cuando tomamos en cuenta que Puerto Rico tiene el índice de desigualdad más alto de las Américas. Hay un consenso entre muchos economistas reconocidos, locales y extranjeros: los ataques contra la universidad pública (y las medidas de austeridad en general) aumentarán aún más la ya creciente brecha entre pobres y ricos y afectarán negativamente la economía en general.

La Junta nos dice que la Universidad de Puerto Rico debe cambiar para parecerse más a “las universidades del norte”, es decir, que reciban el menor apoyo público posible. Han justificado el ataque a la UPR diciendo que la institución es una carga para el país y que necesita seguir el modelo de las universidades en los cincuenta estados. Pero nosotras decimos que tal vez lo que necesitamos en este momento crítico es precisamente lo contrario.  Que en lugar de tratar de parecernos a las “universidades del norte”, la UPR debe luchar para continuar siendo una universidad del sur global, una universidad pública comprometida con la diversidad, el acceso, el pensamiento crítico, la justicia social y el bien común.

 

*Nota: Este artículo fue escrito originalmente en inglés, para el periódico The Nation, y posteriormente publicado en español en la revista digital 80grados. Por Rima Brusi, Yarimar Bonilla e Isar Godreau.

 

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La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

imagen: adepto.de educación

La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

Una columna reciente en El Nuevo Día define las escuelas como un “servicio del mercado” que ha fracasado en Puerto Rico, y aplaude el cierre de cientos de escuelas como la solución a ese fracaso. El argumento del autor, un economista, se basa en una serie de números que juntos conforman un alegato pseudo-matemático: demasiados maestros, demasiados planteles, y muy pocos estudiantes.

Pero ese argumento es profundamente problemático.  Primero porque la premisa que le sirve de arranque tiene poco que ver con números y mucho que ver con ideología. La escuela pública no es un “servicio del mercado”, porque la educación no es lo mismo que una alfombra o un corte de pelo: es un derecho. Los estudiantes no son clientes: son el corazón y motor de la sociedad y la economía. Si no los educamos bien, fracasamos todos.

Segundo, porque los números pueden ser, en principio, una herramienta importante. Pero son, por sí solos, insuficientes. Mal utilizados, resultan, en el mejor de los casos, inútiles; y en el peor, demagógicos.

El sistema público de educación no puede estar regido por la lógica del lucro (y no nos engañemos, porque es el lucro, justamente, la esencia del mercado) por la misma razón que tampoco pueden estarlo, por ejemplo, un sistema de hospitales o de rehabilitación de presidiarios. Estos son servicios esenciales para la calidad de vida de los pueblos y requieren de una gran inversión y compromiso colectivos. Los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos que protegen e invierten en sus escuelas públicas, no las que se las venden al mejor postor.

O tal vez debo decir al peor postor (¿o al peor pastor?), porque recién le han vendido la escuela Julia de Burgos a una iglesia evangélica, por un pesito. Ese número “1$” sí que es importante y necesita explicación.

Y es que algunos números sirven para proveernos información útil, y otros sirven para esconderla.

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el tamaño y tipo de los planteles. La mayoría de los cierres anunciados por el departamento de educación dirigido por la secretaria Keleher son de escuelas elementales: sin embargo, hay investigaciones rigurosas que sugieren que las escuelas pequeñas y comunitarias son mejores para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes, especialmente en grados primarios. Como país, ¿queremos mover a esos niños a una escuela más grande y distante?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta la calidad de las mismas. ¿Cómo explicar, si no, el cierre de escuelas de excelencia académica como los son el 30% de las escuelas Montessori incluidas en la lista de cierres?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el texto mismo de la ley de reforma educativa que ellos (y sus números) han impulsado. Porque si hay demasiadas escuelas y pocos estudiantes, ¿cómo es que estamos creando chárters y enriqueciendo escuelas privadas a costa del erario público?

Nuestro sistema educativo, como todos nuestros sistemas, tenía problemas serios antes del huracán y antes de los cierres. Pero la causa de esos problemas tiene poco que ver con el promedio de estudiantes por escuela y mucho que ver con el hecho de que las administraciones del departamento de educación suelen usar los dineros públicos no para pagarle bien a los maestros, arreglar baños y proveer materiales, sino para pagarle bien a individuos y compañías privadas que aparecen como hongos en tiempos difíciles y que históricamente se han lucrado proveyendo “talleres” donde los maestros aprenden poco y “tutorías” donde los estudiantes aprenden menos aún.

De nuestros expertos, necesitamos menos numeritos simplones y más rigor y evidencia. La experiencia de los países y regiones que sujetan sus sistemas educativos a la lógica del mercado no ha sido buena. Necesitamos datos serios, aprender de lo que sí funciona, y reconocer, de una vez, que la escuela no es un “servicio de mercado” sino un derecho de los individuos y los pueblos.

 

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colonialismo, saqueo y reforma educativa

foto:periódico El Vocero.

El huracán María arrasó con Puerto Rico hace ya más de seis meses, y la frustración de los puertorriqueños con sus funcionarios públicos es palpable. Motivos y personajes para indignarse sobran: ahí estaba, por ejemplo, hasta hace unos pocos días, el director de PREPA, Ricardo Ramos, quien presidió la comedia de errores y horrores de los apagones que aún no terminan y que, para muchos, limitan y definen la vida cotidiana; ahí está Héctor Pesquera, ignorando, insistentemente, miles de muertes provocadas por el huracán y la negligencia de las autoridades; ahí está el gobernador Rosselló, quien repartió millones de nuestro quebrado erario entre contratistas de dudosa reputación y escasos resultados.

Pero la funcionaria más controversial es probablemente la secretaria de educación, una consultora de Filadelfia llamada Julia Keleher, quien se ha convertido en el blanco de una campaña viral que la invita a renunciar y dejar la isla usando el hashtag #JuliaGoHome, y de miles de maestros que se unieron a un paro el pasado lunes en protesta al proyecto de ley que su oficina ha generado y que conocemos popularmente como “la reforma educativa”.

Keleher es la primera persona no-puertorriqueña que ocupa el cargo desde principios del pasado siglo, cuando todos los funcionarios de la colonia eran estadounidenses. Durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, su firma le había prestado servicios, por contrato, de “diseño e implementación de reformas educativas” al Departamento de Educación, servicios que costaron casi un millón de dólares y cuyos resultados no están claros.

La resistencia inicial se enfocó en su salario, $250,000 anuales. En una isla quebrada que vive bajo el yugo de una deuda impagable (y de las medidas de austeridad que se han impuesto para que la paguemos), Keleher se las ha arreglado para ganar diez veces más que el maestro promedio, más del doble que los secretarios que la preceden, tres veces lo que gana el gobernador Rosselló, 25 por ciento más que la secretaria de educación de EEUU, Betsy DeVos, y más que el 95 por ciento de los líderes de educación pública en todo el mundo.

El salario máximo de los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico está limitado por ley, de modo que para poder pagarle esa cantidad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– creada, irónicamente, en el 2016 para implementar medidas de ahorro y austeridad– facilitó un contrato aparte que de facto la ha convertido en asesora para la misma agencia que dirige. Su salario exorbitante, así como el de otros nombramientos, incluyendo el de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, ha sido justificado en los medios como “necesario” para atraer el talento que la isla y la crisis requieren urgentemente.

En respuesta a las críticas, los que defendieron su confirmación hicieron hincapié en sus credenciales y destrezas “de calibre global”, alabándola como una tecnócrata hábil, experta en el análisis de datos y el uso de evidencia para implementar prácticas y formular métricas.  La describieron además como alguien que, precisamente por ser “de afuera”, sería inmune a las presiones de la política partidista que corrompía la gestión de otros secretarios y del gobierno en general. Este último argumento se encuentra ya en entredicho: la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles está investigando a su oficina por violaciones éticas y favoritismo político.

Pero el caso es que la evidencia y los “datos” que Keleher alegadamente usa como base para las reformas que implementa y propone no han sido comunicados de forma transparente. La lógica para escoger, por ejemplo, las más de 150 escuelas que cerró (y las trescientas que propone cerrar) no ha sido explicada, al menos no más allá de vagas referencias a la pérdida de estudiantes que han emigrado recientemente a Estados Unidos.

La decisión de cerrar escuelas no parece ser inocente, aislada o trivial. Para empezar, Puerto Rico carece de transportación pública confiable, y el Departamento opera muy pocas guaguas escolares. En una isla donde más de la mitad de los niños vive bajo el nivel de pobreza, muchos padres carecen de los medios para llevar a sus hijos a escuelas más lejanas. A muchos les preocupa el impacto de la consolidación de escuelas sobre niños que aún están lidiando con el trauma y las consecuencias de la tormenta. Ni hablar de la pérdida inminente de empleos docentes que cerrar escuelas implica. Con el apoyo y ayuda de la oficina de DeVos, el departamento que dirige Keleher ha producido un proyecto de “reforma educativa”, diseñado para aumentar la libertad y opciones educativas (“school choice” es un término muy popular entre los partidarios de reformas neoliberales en Estados Unidos) mediante la implantación de escuelas chárter (Keleher las llama “escuelas alianza”) y vales educativos. En las vistas que el Senado convocó para discutir el proyecto, el decano de educación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras testificó en contra de las chárters utilizando argumentos basados en estudios concretos y fue despedido posteriormente por el presidente interino del sistema UPR, quien ha apoyado la reforma públicamente. El paro del lunes buscaba presionar a los senadores para que no aprobaran el proyecto, pero este pasóde todas formas, y la versión final necesita solo la firma del gobernador (quien también ha sido explícito en su apoyo) para convertirse en ley. Los vales y las chárters del proyecto están acompañados, predeciblemente, por el anuncio del cierre de 300 escuelas más (casi una tercera parte del sistema público) y un proyecto aprobado el año pasado que facilita la creación, en fast track, de las llamadas “escuelas-iglesia”, combinando así dos de los principios favoritos de la derecha: el “school choice” y la (mal llamada) “libertad religiosa”.

Resulta difícil no interpretar esa combinación–eliminar escuelas públicas y a la vez traer vales y chárters a la mesa– como otra cosa que no sea una privatización a gran escala del sistema educativo y una luz verde al uso de fondos públicos para alimentarla. No nos parece que el vínculo que existe entre los fondos buitre que esgrimen nuestra deuda y la industria de escuelas chárter en Estados Unidos sea una coincidencia. Por su parte, Keleher niega que el proceso sea uno de privatización. Y el borrador final del proyecto es notablemente vago en lo que respecta a aspectos críticos de sus propuestas: las chárter podrían ser organizaciones con o sin fines de lucro, los vales podrían o no usarse en escuelas religiosas, y tanto las chárter como las privadas podrían o no aceptar estudiantes de educación especial.

Este último tema, el de educación especial, es particularmente crucial, y la falta de énfasis de Keleher sobre el mismo resulta reveladora. En los cincuenta estados, la población de educación especial constituye un 13 por ciento del total del estudiantado. En Puerto Rico, sin embargo, 40 por ciento de los estudiantes requieren (por ley) estos servicios.  Numerosas investigaciones sugieren que las chárter admiten y retienen menos estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales. La secretaria no parece particularmente preocupada por esta población o por las implicaciones que su reforma tiene para la demografía y presupuesto de las escuelas públicas.

Keleher ha sido confrontada, tanto por maestros como por la prensa, con preguntas sobre los cambios que propone. Sus respuestas suelen ser inadecuadas, inapropiadas y a veces sencillamente groseras. Tiende a reaccionar con aseveraciones bruscas, desinformadas, o sarcásticas. En una ocasión, descontenta con las preguntas de unas maestras, y aparentemente no preparada para contestarlas, simplemente abandonó la reunión.

Su reacción a las críticas en torno al contrato reciente, por $16.9 millones, que le otorgó al también estadounidense Josephson Institute of Ethics para enseñar “valores” en las escuelas públicas puertorriqueñas es reveladora: tras justificar el cierre de las primeras 179 escuelas como necesario para crear un ahorro de 7 millones, le restó importancia al monto del contrato de Josephson y lo describió (tras hacer, frente a la prensa, gestos de estar haciendo la matemática del asunto) como un gasto relativamente menor, menos del 1 por ciento del presupuesto total de la agencia. Pero para muchos puertorriqueños, que trabajan en y asisten a escuelas donde escasean los recursos, el equipo y los materiales, la suma de 16.9 millones es extraordinaria. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de las trabajadoras sociales que en principio están a cargo de esa función en las escuelas, contestó que estas carecen de las destrezas de liderato y administración que hacen falta para la tarea. Cuando se le preguntó por qué no explorar la posible contratación de la Universidad de Puerto Rico (que de hecho tiene experiencia con la creación de currículos de ética), preguntó, retóricamente y con expresión de fastidio, “qué obligación” tenía ella de hacer eso.

Más tarde, cuando le preguntaron por qué, concretamente, había elegido (sin subasta pública) a la firma de Josephson, contestó bruscamente “porque sí”, añadiendo más adelante que tenía “evidencia” de que la compañía californiana había tenido buenos resultados con una versión más pequeña del mismo programa que, bajo el nombre de “Tus Valores Cuentan”, llevaron a cabo durante la gobernación de Luis Fortuño. Los que apoyan a Keleher, incluyendo al gobernador mismo, han repetido esto de la “evidencia de buenos resultados” en numerosas ocasiones. Este argumento es, sin embargo, debatible: el instituto nunca ha corrido su programa, Character Counts, a esta escala, y la única evaluación que pudimos encontrar (financiada por el mismo instituto Josephson) no parece adecuadamente profunda o rigurosa y sugiere, como mucho, resultados modestos. Cuando le preguntaron a Keleher cómo supo de la existencia del programa y del instituto, alegó no recordar nada, pero poco después salió a relucir que una funcionaria (con una larga trayectoria en el PNP y directora nada menos que de la oficina de Ética) había traído el programa a su atención. Gran parte de los contratos del Instituto Josephson son financiados con fondos públicos y sus clientes incluyen al FBI, el Departamento de Defensa, y la CIA. El mismo Josephson ha aceptado, sin embargo, que el nuevo contrato en Puerto Rico es el más caro y complejo que han obtenido hasta ahora.

Ahora que ha aumentado la presión del público, Keleher y sus partidarios están acusando a los críticos de prejuicio y xenofobia. Alegan que Keleher no agrada porque es estadounidense, o que su audiencia puertorriqueña no la entiende bien porque el español no es su primer idioma. Insisten en que Keleher está haciendo un gran esfuerzo (por nuestros niños, y por comunicarse) y que sugerir que alguien de Filadelfia no debería correr el Departamento de Educación es equivalente a decir que un puertorriqueño no podría correr una agencia en Estados Unidos. Estos argumentos, sin embargo, oscurecen los procesos históricos y las diferencias de poder que le sirven de base a esta controversia. ¿Le permitirían acaso, a una puertorriqueña, manejar un departamento de educación en Estados Unidos sin exhibir conocimientos plenos del idioma inglés y la cultura e historia del país?

Tomando en cuenta la falta de competencia cultural que ella misma admite, Keleher tal vez desconoce el hecho histórico de que Estados Unidos trató una vez de importar maestros a Puerto Rico con la intención explícita de transformar el idioma, la cultura, y la memoria histórica del pueblo y así convertir a Puerto Rico en un Porto Rico más aceptable. Los maestros locales protagonizaron entonces la resistencia a la imposición de las políticas educativas de “English-only” y la preservación de la historia y tradiciones culturales puertorriqueñas en el currículo.

La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos implica que cualquier nombramiento estadounidense a una posición de poder en la isla constituye una regresión y exacerba años y años de mensajes ideológicos que afirman la incompetencia de los puertorriqueños, su falta de preparación, su ética monga y, en general, sus deficiencias, una ideología que redunda en una “solución” obvia: traer a otra persona, preferiblemente estadounidense, para “arreglar” los desastres que los nativos crean. El mensaje de esa incompetencia, de esa incapacidad para gobernarse a sí mismos, es uno que resurge y se repite con frecuencia últimamente y que refuerza medidas extremas: desde la imposición de una junta todopoderosa bajo la ley PROMESA, pasando por la creación de un mecanismo separado para administrar fondos federales destinados a la reconstrucción post-huracán, hasta el reclutamiento, desde la oficina de Keleher, de personas fuera de la isla, en los cincuenta estados, para ocupar posiciones de alta gerencia (incluyendo directores de asuntos académicos y recursos humanos) en Puerto Rico.

Es importante que ubiquemos conceptualmente el fenómeno Keleher en el paisaje más amplio de un Puerto Rico post-María. Si bien es cierto que su nominación provocó algunas dudas, es también cierto que ha preparado el camino para nombramientos que, aunque igualmente escandalosos, han enfrentado menor resistencia. Ese es el caso por ejemplo de Walter Higgins III, seleccionado para poner en marcha la privatización de la autoridad de energía eléctrica, y Brad Dean, el CEO de una nueva organización sin fines de lucro creada a través de legislación especial, llamada Destination Marketing Organization (DMO) y diseñadapara privatizar los trabajos a cargo anteriormente de las agencias de turismo gubernamentales. La creación de DMO dice mucho sobre la escala de la transferencia de responsabilidades y recursos del ámbito de lo público al de lo privado.

Está claro que la privatización y la entrada de capital privado están siendo asumidos y presentados como los motores de la recuperación económica de Puerto Rico. El énfasis del gobierno local y la junta fiscal ha estado, incluso antes de María, en reducir agencias gubernamentales, atraer inversionistas externos a través de incentivos contributivos, privatizar servicios públicos–incluyendo servicios esenciales como educación, energía y salud– y asegurar ganancias para los bonistas e inversionistas privados. No debe sorprendernos entonces que los especuladores paren la oreja y que los bonos del país estén repuntando.

La “reforma” de Keleher ilustra y surge así de un proceso que, aunque acelerado, sigue la receta tradicional de los sicarios del capitalismo del desastre: reducir recursos y encoger instituciones públicas, otorgar contratos lucrativos a individuos y entidades privadas basados en Estados Unidos, redirigir fondos públicos para crear escuelas nuevas, cerrar escuelas tradicionales, despedir maestros para facilitar y financiar sus planes, y hacer todo lo anterior al tiempo que se lucra y beneficia personalmente.

Desafortunadamente, Julia Keleher no parece ser una excepción o una anomalía. Falta ver si la insatisfacción detrás del reclamo #JuliaGoHome puede convertirse en una marejada mayor de descontento y resistencia contra la explotación y desmantelamiento de los recursos de Puerto Rico y el endurecimiento del dominio colonial.

*nota: esta pieza la escribí en colaboración con Yarimar Bonilla y Natasha Bannan. La versión original en inglés fue publicada en el periódico The Nation.