¿La “universidad del norte”, o la universidad del desastre? *

En estos días, el futuro de esa institución venerable que es la Universidad de Puerto Rico parece incierto. El huracán María mutiló su infraestructura hace un año, y los gobiernos (el local, el federal, y ese aparato fantasmal que llamamos “La Junta”) claramente han decidido que, en lugar de reparar y fortalecer nuestra educación superior pública, van a aprovechar sus heridas (y nuestro trauma) para debilitarla más aún. Así, en este país nuestro, un territorio cada vez más pobre y con altas tasas de desempleo, donde la electricidad es intermitente y a los muertos se les niegan el nombre y la dignidad, los estudiantes y sus familias tendrán que enfrentar un costo de matrícula que sube, una oferta de cursos que baja, la ausencia de muchos profesores “temporeros”, la inseguridad que produce la existencia de un “plan fiscal” sobre el cual nadie parece hablarles claro, la eliminación de exenciones …Todo ello en una institución que por más de un siglo ha sido nuestro vehículo de movilidad social por excelencia.

 

Un político famoso (e infame) de derecha en Estados Unidos dijo una vez que él no quería eliminar, lo que se dice “eliminar”, el gobierno: sencillamente, advertía sonriendo, quería reducirlo en tamaño y así poder ahogarlo en la bañera. El hombre la encontraba muy jocosa, pero es realmente una imagen violenta, y es justamente lo que parece estar ocurriendo en Puerto Rico, donde el afán de los miembros de La Junta (esa junta a la que nadie llamó, por la que nadie votó) por implementar lo que eufemísticamente llaman “right-sizing” se traduce en una amenaza constante contra todo lo público–de hecho contra la existencia misma de nuestra universidad.

 

En las semanas posteriores al huracán María, el Departamento de Educación de Estados Unidos separó $41 millones para apoyar a los estudiantes y universidades impactados por el huracán. De esa asignación de fondos (de por sí bastante pequeña, en comparación con los daños estimados de 118 millones sufridos por la UPR), nuestro sistema recibió solamente 20 por ciento, en contraste con las asignaciones de fondos ($190 millones) que recibieron hace años las instituciones universitarias impactadas por el huracán Katrina en Louisiana y Mississippi. Para colmo, una porción considerable de esos “María relief funds” fueron otorgados a instituciones privadas fuera de la isla, tales como New York University y Grand Canyon University, que no fueron impactadas directamente por el huracán y se limitaron a ayudar a un número relativamente pequeños de estudiantes puertorriqueños a continuar sus estudios.

 

Además de otorgarle fondos insuficientes a la UPR, el departamento de Betsy DeVos ha estado últimamente destripando programas tradicionalmente importantes para los estudiantes más necesitados, tales como estudio-y-trabajo. En Puerto Rico, una isla traumada donde el ingreso anual familiar mediano está por debajo de $20,000 y donde obtener cualquier empleo es difícil, estas políticas federales son particularmente perniciosas: muchos estudiantes se verán obligados a dejar de estudiar o a tomar menos cursos para poder sobrevivir.

 

La imposición de esta “austeridad” sobre la UPR no surgió con María, claro está: La Junta (esa suerte de gobierno paralelo, poderoso y sombrío nombrado por el presidente Obama como parte de de la ley PROMESA) le había echado ya el ojo a la universidad, tempranito en su gestión. Siguiendo ese libreto de “medidas de austeridad” tan fracasado pero tan común en los países endeudados, y aprovechando el doble shock de la deuda y el huracán, la Junta y sus cómplices han estado recortando pensiones, cerrando escuelas, desprotegiendo recursos naturales y, por supuesto, exigiendo recortes en la universidad, desde el principio. Sus actividades y expresiones nos han enviado un mensaje consistente y claro: Los gobiernos, tanto el federal como el local, han abandonado a la universidad (y al bien común) como una prioridad social.

 

La Universidad de Puerto Rico ha sido, históricamente, una de las mejores inversiones que ha hecho el país. Contribuye significativamente a la economía local y de hecho ha sido una de las entidades públicas que mejor y más sofisticadamente ha manejado su propia deuda. Resulta entonces curioso, irónico, tal vez hasta burlón, que la Junta la haya elegido como blanco de sus primeros recortes, sin publicar la lógica de sus números, sin proveer datos concretos, sin excusa y sin justificación económica.  

 

Pero podemos especular sobre las posibles razones de la Junta para empezar el desmantelamiento de lo público metiéndole tijera a la UPR: la universidad ha sido, históricamente, un espacio de resistencia al colonialismo y a las reformas neoliberales, y esa fama le ha ganado la antipatía de los sectores más conservadores del país–y la convierte en una amenaza para La Junta. La educación superior, en general, está fuertemente vinculada a la conciencia y participación política. De hecho un estudio reciente realizado en Puerto Rico por Yarimar Bonilla sugiere que los estudiantes que asisten a instituciones públicas tienden a tener un mayor “conocimiento político” que aquellos que asisten  a instituciones privadas. Por muchos años, la UPR se ha caracterizado por un movimiento estudiantil activo y robusto que ha protestado la intervención colonial vigorosamente desde 1948, y que ha sido punta de lanza para la resistencia a nivel nacional contra la imposición de medidas de austeridad sobre la institución y la isla en numerosas ocasiones, incluyendo, en el 2016, contra PROMESA y la Junta misma.

 

Así, los miembros de la Junta y sus portavoces locales estaban haciendo declaraciones públicas sobre la necesidad de imponer grandes recortes en la Universidad tan temprano como enero del 2017. Los números eran un blanco en constante movimiento: primero dijeron $350 millones, luego dijeron $450, en algún momento hablaron de $500–de nuevo, sin explicación, lógica, fórmulas o datos. En cualquier caso, los recortes discutidos públicamente entonces se aproximaban a la tercera parte del presupuesto total del sistema.  Durante un año, la Junta se dedicó a ignorar las medidas y los planes fiscales propuestos por la administración universitaria, grupos estudiantiles y organizaciones docentes y, finalmente, publicó e impuso su propio plan en abril del 2018, duplicando de inmediato los costos de matrícula, estableciendo aumentos posteriores, y presentando algo llamado “campus consolidation” (por lo general se comunica en inglés, La Junta, independientemente del contexto o la audiencia) que es difícil no interpretar como un plan para cerrar, o al menos encoger, a los siete recintos más pequeños, y por ende reducir significativamente la cantidad total de estudiantes y empleados docentes y no-docentes en el sistema. Irónicamente, la misma Junta que le exige “austeridad” a la UPR le cuesta a Puerto Rico 5.7 millones al mes en gastos operacionales y le paga salario y beneficios escandalosos a su directora ejecutiva.  

 

Tomando en cuenta la coyuntura histórica que atraviesa Puerto Rico, una esperaría que el gobierno facilitara, incluso motivara, iniciativas de investigación y creación en temas urgentes como lo son el desarrollo de nuevas tecnologías solares o el tratamiento de trauma. La UPR es un centro crucial de investigación, que genera más del 70 por ciento de la producción científica del país. A pesar de las cargas pesadas y la falta de acceso a ciertos recursos académicos, la universidad ha logrado allegar y retener un cuerpo docente de calibre mundial que incluye humanistas y científicos reconocidos, y es un espacio que nutre el pensamiento crítico y la innovación científica. Por poner un ejemplo: mientras muchas universidades en Estados Unidos intentan, con dificultad, producir más grados STEM, especialmente entre entre estudiantes latinos, la UPR es, por mucho, una de las que más estudiantes gradúa en ciencia y tecnología a nivel subgraduado y graduado.

 

Pero en lugar de promover y fortalecer nuestros recursos públicos, el gobierno parece estar empeñado en subcontratar compañías norteamericanas y en fomentar las ganancias privadas a expensas del bien público. Facilidades importantes, como el impresionante Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico–que no solo jugaría un rol importante en atender nuestra desesperada situación de salud, sino que allegaría ingresos a la universidad misma–estuvo languideciendo mucho tiempo gracias a la inacción gubernamental, e iniciativas como el “posterriqueño” (que recortaría a la mitad nuestros gastos de iluminación  de exteriores), son ignoradas y saboteadas por la burocracia local.

 

Mientras tanto, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, ha declarado que los recortes impuestos por la Junta son “manejables”. La Junta de Gobierno de la UPR, amarrada a intereses políticos y politiqueros, ha hecho poco por defender a la institución. La complicidad entre esa junta (de gobierno) y La Junta (de Control Fiscal) se hace evidente  cuando vemos que los esfuerzos que la universidad puede hacer en el ámbito jurídico para protegerse de los recortes bajo el título III de la ley PROMESA los están liderando no los administradores, sino una coalición de docentes (extenuados pero en pie de lucha) que ha presentado una demanda que busca proteger a la universidad como el “servicio esencial” que ciertamente es, especialmente en tiempos de crisis.

 

El aumento en la matrícula ha sido justificado por La Junta y sus partidarios usando el argumento de que la UPR es mucho más “barata” que las universidades públicas en los cincuenta estados. Lo que no dicen es que al tomar en cuenta variables como ingreso familiar y precio neto, los estudiantes puertorriqueños en realidad pagan más, no menos, que sus contrapartes en Estados Unidos. Obligarlos a obtener préstamos para pagar por sus estudios en un mercado laboral deprimido, como el nuestro, es añadir insulto a la afrenta. Encoger o cerrar los recintos más pequeños en nombre de una supuesta “eficiencia”, por su parte, tendría impactos negativos, directos e indirectos, en las economías de algunos de los municipios más vulnerables de la isla, y obligaría a muchos estudiantes de esos pueblos a dejar de estudiar–o a matricularse en alguna de las múltiples instituciones, con fines de lucro y de valor cuestionable, que con tanto empeño los reclutan y con tanta frecuencia los endeudan.  

 

Este ataque contra la universidad pública, una institución tan respetada que hasta un miembro de la Junta la describió recientemente como “esencial”, no debe verse como un fenómeno aislado, sino ubicarse en el contexto de una toma violenta o golpe de estado por parte del llamado “capitalismo del desastre”, donde aquellos que obtienen y obtendrán ganancias a costa de la tragedia de Puerto Rico se benefician no de uno sino de dos  desastres: el yugo de una deuda impagable (alrededor de $72 billones en bonos y $50 en pensiones), y el impacto de dos huracanes seguidos, Irma y María, con daños estimados de $90 billones y una secuela de miles de muertes.

 

De hecho: todavía no conocemos con precisión el número de muertos, ya que el gobierno local no pudo o no quiso contarlos en tiempo real. Cuando el reclamo público para que se reconociera que la cantidad de muertes excede por mucho al número oficial se tornó ensordecedor (gracias en gran medida a los esfuerzos locales del Centro de Periodismo Investigativo), el gobierno contrató no a la UPR sino a la universidad (privada) George Washington para hacer el estudio y el análisis. Sin dudar de la calidad del trabajo de los investigadores de GW, esta contratación es un ejemplo más de la tendencia, por parte del gobierno local y el federal, de tratar los aspectos relativos a la recuperación post-María como una oportunidad para transferir recursos y servicios de manos públicas a manos privadas. Algunos de esos contratos, muy grandes y en ámbitos urgentes como energía y alimentación, fueron otorgados a firmas privadas con resultados frecuentemente desastrosos. Pero los partidarios del “gobierno pequeño” no se amilanan: los planes para privatizar la producción y distribución de energía siguen en pie, y parte del presupuesto del departamento de educación, por ley, alimentará las arcas de las escuelas privadas y charter.

 

La pregunta de cómo le aplicarán el manual del capitalismo del desastre a la universidad es un poco más complejo o sutil, pero quizás más siniestro. A diferencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Educación o cualquier otra agencia del Estado, la UPR cuenta con una ley de gobernanza y financiamiento  (totalmente menoscabada por la Junta) que le confiere un grado de autonomía indispensable para garantizar que la libertad de pensamiento, la búsqueda del saber y el libre flujo de críticas e ideas no estén maniatados a intereses políticos. Sin embargo, parte del discurso oficialista ha sido reducir a la UPR a un brazo operativo de la rama ejecutiva del gobierno y tratarla como una agencia gubernamental más, recortando, por ejemplo, su presupuesto general de manera desproporcionada y asignándole 10 millones de dólares a la nueva Oficina de Transformación Institucional (OTI). Esta  oficina, adscrita a la Junta de Gobierno con acceso “completo, libre e irrestricto” al funcionamiento de la UPR, está encargada de implementar las medidas del plan fiscal y “proyectos especiales” que sospechamos beneficiarán entidades a privadas.

 

La aplicación del capitalismo del desastre a la UPR  presenta serias amenazas para los estudiantes. En una isla en donde el 40 por ciento de la población y más de la mitad de los niños viven bajo el nivel de pobreza, los estudiantes más afectados por cualquier recorte, incluyendo los que exige La Junta, son precisamente los más necesitados. Esto se debe no solamente, o incluso principalmente, al alza en la matrícula, sino a dos factores que se discuten con menos frecuencia.  Primero, el sistema de admisiones está basado parcialmente en un examen de admisión, lo que implica que cualquier reducción de espacio deja fuera a los estudiantes con las puntuaciones más bajas. Estos estudiantes, por razones estructurales de desigualdad educativa, suelen ser los más pobres. Segundo, los recintos regionales que aparentan estar más amenazados en el Plan Fiscal presentado por la Junta, tales como Utuado o Aguadilla, suelen servir más estudiantes de escasos recursos y menor capacidad para mudarse a otro recinto que los recintos más grandes (como Río Piedras o Mayagüez). En Puerto Rico, estos  estudiantes más vulnerables (es decir, estudiantes de escasos recursos sin acceso a un recinto de la UPR) son activamente reclutados y absorbidos por una industria de educación con fines de lucro  (“for-profit”) que les cobra la totalidad de la beca Pell y los exhorta a asumir préstamos estudiantiles,  en un esquema muy similar al que ha causado el endeudamiento de gente joven y el aumento desproporcionado en el impago de deuda estudiantil en los Estados Unidos. Para colmo (¡qué ironía!) algunas de las entidades financieras que poseen o tienen lazos con la industria de educación con fines de lucro  son además tenedoras de bonos puertorriqueños. Este es el caso, por ejemplo, de Apollo Group, el fondo buitre que incluye a la University of Phoenix en su portafolio.

 

Resulta muy sugestivo, en este contexto, que nuestra (única) representante en Washington, la comisionada González, haya presentado recientemente un proyecto de ley para suavizar las regulaciones del sector de colegios for-profit en Puerto Rico. Específicamente, el proyecto busca maximizar la cantidad de fondos públicos a los que estas instituciones tienen acceso. No vemos a González, por otra parte, legislando para ayudar a la universidad pública, que gradúa más estudiantes, con grados de mejor calidad.

 

Los peligros que encaran los estudiantes en la mayoría de las instituciones for-profit en Puerto Rico son los mismos que enfrentan jóvenes universitarios en los cincuenta estados: con escasas excepciones, las for-profit tienen tasas de graduación muy bajas y ofrecen grados de dudosa calidad. Los estudiantes que asisten a estas instituciones suelen quedar endeudados, sin grado y sin empleo.  En contraste, la UPR tiene las mejores tasas de graduación de Puerto Rico, ha sido ampliamente reconocida como un motor de movilidad social, y le permitió a muchas personas en generaciones previas salir de la pobreza. Mientras que en Estados Unidos, los recintos principales (flagship) de los sistemas de universidades públicas son cada vez menos accesibles para estudiantes de bajos ingresos y en algunos, como  en la Universidad de Michigan, menos del 15% de los estudiantes son técnicamente “low-income”, en los dos recintos subgraduados principales de la UPR más de la mitad de los estudiantes lo son.  Este hecho resulta especialmente importante cuando tomamos en cuenta que Puerto Rico tiene el índice de desigualdad más alto de las Américas. Hay un consenso entre muchos economistas reconocidos, locales y extranjeros: los ataques contra la universidad pública (y las medidas de austeridad en general) aumentarán aún más la ya creciente brecha entre pobres y ricos y afectarán negativamente la economía en general.

La Junta nos dice que la Universidad de Puerto Rico debe cambiar para parecerse más a “las universidades del norte”, es decir, que reciban el menor apoyo público posible. Han justificado el ataque a la UPR diciendo que la institución es una carga para el país y que necesita seguir el modelo de las universidades en los cincuenta estados. Pero nosotras decimos que tal vez lo que necesitamos en este momento crítico es precisamente lo contrario.  Que en lugar de tratar de parecernos a las “universidades del norte”, la UPR debe luchar para continuar siendo una universidad del sur global, una universidad pública comprometida con la diversidad, el acceso, el pensamiento crítico, la justicia social y el bien común.

 

*Nota: Este artículo fue escrito originalmente en inglés, para el periódico The Nation, y posteriormente publicado en español en la revista digital 80grados. Por Rima Brusi, Yarimar Bonilla e Isar Godreau.

 

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La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

imagen: adepto.de educación

La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

Una columna reciente en El Nuevo Día define las escuelas como un “servicio del mercado” que ha fracasado en Puerto Rico, y aplaude el cierre de cientos de escuelas como la solución a ese fracaso. El argumento del autor, un economista, se basa en una serie de números que juntos conforman un alegato pseudo-matemático: demasiados maestros, demasiados planteles, y muy pocos estudiantes.

Pero ese argumento es profundamente problemático.  Primero porque la premisa que le sirve de arranque tiene poco que ver con números y mucho que ver con ideología. La escuela pública no es un “servicio del mercado”, porque la educación no es lo mismo que una alfombra o un corte de pelo: es un derecho. Los estudiantes no son clientes: son el corazón y motor de la sociedad y la economía. Si no los educamos bien, fracasamos todos.

Segundo, porque los números pueden ser, en principio, una herramienta importante. Pero son, por sí solos, insuficientes. Mal utilizados, resultan, en el mejor de los casos, inútiles; y en el peor, demagógicos.

El sistema público de educación no puede estar regido por la lógica del lucro (y no nos engañemos, porque es el lucro, justamente, la esencia del mercado) por la misma razón que tampoco pueden estarlo, por ejemplo, un sistema de hospitales o de rehabilitación de presidiarios. Estos son servicios esenciales para la calidad de vida de los pueblos y requieren de una gran inversión y compromiso colectivos. Los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos que protegen e invierten en sus escuelas públicas, no las que se las venden al mejor postor.

O tal vez debo decir al peor postor (¿o al peor pastor?), porque recién le han vendido la escuela Julia de Burgos a una iglesia evangélica, por un pesito. Ese número “1$” sí que es importante y necesita explicación.

Y es que algunos números sirven para proveernos información útil, y otros sirven para esconderla.

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el tamaño y tipo de los planteles. La mayoría de los cierres anunciados por el departamento de educación dirigido por la secretaria Keleher son de escuelas elementales: sin embargo, hay investigaciones rigurosas que sugieren que las escuelas pequeñas y comunitarias son mejores para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes, especialmente en grados primarios. Como país, ¿queremos mover a esos niños a una escuela más grande y distante?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta la calidad de las mismas. ¿Cómo explicar, si no, el cierre de escuelas de excelencia académica como los son el 30% de las escuelas Montessori incluidas en la lista de cierres?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el texto mismo de la ley de reforma educativa que ellos (y sus números) han impulsado. Porque si hay demasiadas escuelas y pocos estudiantes, ¿cómo es que estamos creando chárters y enriqueciendo escuelas privadas a costa del erario público?

Nuestro sistema educativo, como todos nuestros sistemas, tenía problemas serios antes del huracán y antes de los cierres. Pero la causa de esos problemas tiene poco que ver con el promedio de estudiantes por escuela y mucho que ver con el hecho de que las administraciones del departamento de educación suelen usar los dineros públicos no para pagarle bien a los maestros, arreglar baños y proveer materiales, sino para pagarle bien a individuos y compañías privadas que aparecen como hongos en tiempos difíciles y que históricamente se han lucrado proveyendo “talleres” donde los maestros aprenden poco y “tutorías” donde los estudiantes aprenden menos aún.

De nuestros expertos, necesitamos menos numeritos simplones y más rigor y evidencia. La experiencia de los países y regiones que sujetan sus sistemas educativos a la lógica del mercado no ha sido buena. Necesitamos datos serios, aprender de lo que sí funciona, y reconocer, de una vez, que la escuela no es un “servicio de mercado” sino un derecho de los individuos y los pueblos.

 

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colonialismo, saqueo y reforma educativa

foto:periódico El Vocero.

El huracán María arrasó con Puerto Rico hace ya más de seis meses, y la frustración de los puertorriqueños con sus funcionarios públicos es palpable. Motivos y personajes para indignarse sobran: ahí estaba, por ejemplo, hasta hace unos pocos días, el director de PREPA, Ricardo Ramos, quien presidió la comedia de errores y horrores de los apagones que aún no terminan y que, para muchos, limitan y definen la vida cotidiana; ahí está Héctor Pesquera, ignorando, insistentemente, miles de muertes provocadas por el huracán y la negligencia de las autoridades; ahí está el gobernador Rosselló, quien repartió millones de nuestro quebrado erario entre contratistas de dudosa reputación y escasos resultados.

Pero la funcionaria más controversial es probablemente la secretaria de educación, una consultora de Filadelfia llamada Julia Keleher, quien se ha convertido en el blanco de una campaña viral que la invita a renunciar y dejar la isla usando el hashtag #JuliaGoHome, y de miles de maestros que se unieron a un paro el pasado lunes en protesta al proyecto de ley que su oficina ha generado y que conocemos popularmente como “la reforma educativa”.

Keleher es la primera persona no-puertorriqueña que ocupa el cargo desde principios del pasado siglo, cuando todos los funcionarios de la colonia eran estadounidenses. Durante los cuatro años anteriores a su nombramiento, su firma le había prestado servicios, por contrato, de “diseño e implementación de reformas educativas” al Departamento de Educación, servicios que costaron casi un millón de dólares y cuyos resultados no están claros.

La resistencia inicial se enfocó en su salario, $250,000 anuales. En una isla quebrada que vive bajo el yugo de una deuda impagable (y de las medidas de austeridad que se han impuesto para que la paguemos), Keleher se las ha arreglado para ganar diez veces más que el maestro promedio, más del doble que los secretarios que la preceden, tres veces lo que gana el gobernador Rosselló, 25 por ciento más que la secretaria de educación de EEUU, Betsy DeVos, y más que el 95 por ciento de los líderes de educación pública en todo el mundo.

El salario máximo de los funcionarios gubernamentales en Puerto Rico está limitado por ley, de modo que para poder pagarle esa cantidad, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal– creada, irónicamente, en el 2016 para implementar medidas de ahorro y austeridad– facilitó un contrato aparte que de facto la ha convertido en asesora para la misma agencia que dirige. Su salario exorbitante, así como el de otros nombramientos, incluyendo el de la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, ha sido justificado en los medios como “necesario” para atraer el talento que la isla y la crisis requieren urgentemente.

En respuesta a las críticas, los que defendieron su confirmación hicieron hincapié en sus credenciales y destrezas “de calibre global”, alabándola como una tecnócrata hábil, experta en el análisis de datos y el uso de evidencia para implementar prácticas y formular métricas.  La describieron además como alguien que, precisamente por ser “de afuera”, sería inmune a las presiones de la política partidista que corrompía la gestión de otros secretarios y del gobierno en general. Este último argumento se encuentra ya en entredicho: la Comisión Puertorriqueña de Derechos Civiles está investigando a su oficina por violaciones éticas y favoritismo político.

Pero el caso es que la evidencia y los “datos” que Keleher alegadamente usa como base para las reformas que implementa y propone no han sido comunicados de forma transparente. La lógica para escoger, por ejemplo, las más de 150 escuelas que cerró (y las trescientas que propone cerrar) no ha sido explicada, al menos no más allá de vagas referencias a la pérdida de estudiantes que han emigrado recientemente a Estados Unidos.

La decisión de cerrar escuelas no parece ser inocente, aislada o trivial. Para empezar, Puerto Rico carece de transportación pública confiable, y el Departamento opera muy pocas guaguas escolares. En una isla donde más de la mitad de los niños vive bajo el nivel de pobreza, muchos padres carecen de los medios para llevar a sus hijos a escuelas más lejanas. A muchos les preocupa el impacto de la consolidación de escuelas sobre niños que aún están lidiando con el trauma y las consecuencias de la tormenta. Ni hablar de la pérdida inminente de empleos docentes que cerrar escuelas implica. Con el apoyo y ayuda de la oficina de DeVos, el departamento que dirige Keleher ha producido un proyecto de “reforma educativa”, diseñado para aumentar la libertad y opciones educativas (“school choice” es un término muy popular entre los partidarios de reformas neoliberales en Estados Unidos) mediante la implantación de escuelas chárter (Keleher las llama “escuelas alianza”) y vales educativos. En las vistas que el Senado convocó para discutir el proyecto, el decano de educación de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras testificó en contra de las chárters utilizando argumentos basados en estudios concretos y fue despedido posteriormente por el presidente interino del sistema UPR, quien ha apoyado la reforma públicamente. El paro del lunes buscaba presionar a los senadores para que no aprobaran el proyecto, pero este pasóde todas formas, y la versión final necesita solo la firma del gobernador (quien también ha sido explícito en su apoyo) para convertirse en ley. Los vales y las chárters del proyecto están acompañados, predeciblemente, por el anuncio del cierre de 300 escuelas más (casi una tercera parte del sistema público) y un proyecto aprobado el año pasado que facilita la creación, en fast track, de las llamadas “escuelas-iglesia”, combinando así dos de los principios favoritos de la derecha: el “school choice” y la (mal llamada) “libertad religiosa”.

Resulta difícil no interpretar esa combinación–eliminar escuelas públicas y a la vez traer vales y chárters a la mesa– como otra cosa que no sea una privatización a gran escala del sistema educativo y una luz verde al uso de fondos públicos para alimentarla. No nos parece que el vínculo que existe entre los fondos buitre que esgrimen nuestra deuda y la industria de escuelas chárter en Estados Unidos sea una coincidencia. Por su parte, Keleher niega que el proceso sea uno de privatización. Y el borrador final del proyecto es notablemente vago en lo que respecta a aspectos críticos de sus propuestas: las chárter podrían ser organizaciones con o sin fines de lucro, los vales podrían o no usarse en escuelas religiosas, y tanto las chárter como las privadas podrían o no aceptar estudiantes de educación especial.

Este último tema, el de educación especial, es particularmente crucial, y la falta de énfasis de Keleher sobre el mismo resulta reveladora. En los cincuenta estados, la población de educación especial constituye un 13 por ciento del total del estudiantado. En Puerto Rico, sin embargo, 40 por ciento de los estudiantes requieren (por ley) estos servicios.  Numerosas investigaciones sugieren que las chárter admiten y retienen menos estudiantes de educación especial que las escuelas públicas tradicionales. La secretaria no parece particularmente preocupada por esta población o por las implicaciones que su reforma tiene para la demografía y presupuesto de las escuelas públicas.

Keleher ha sido confrontada, tanto por maestros como por la prensa, con preguntas sobre los cambios que propone. Sus respuestas suelen ser inadecuadas, inapropiadas y a veces sencillamente groseras. Tiende a reaccionar con aseveraciones bruscas, desinformadas, o sarcásticas. En una ocasión, descontenta con las preguntas de unas maestras, y aparentemente no preparada para contestarlas, simplemente abandonó la reunión.

Su reacción a las críticas en torno al contrato reciente, por $16.9 millones, que le otorgó al también estadounidense Josephson Institute of Ethics para enseñar “valores” en las escuelas públicas puertorriqueñas es reveladora: tras justificar el cierre de las primeras 179 escuelas como necesario para crear un ahorro de 7 millones, le restó importancia al monto del contrato de Josephson y lo describió (tras hacer, frente a la prensa, gestos de estar haciendo la matemática del asunto) como un gasto relativamente menor, menos del 1 por ciento del presupuesto total de la agencia. Pero para muchos puertorriqueños, que trabajan en y asisten a escuelas donde escasean los recursos, el equipo y los materiales, la suma de 16.9 millones es extraordinaria. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de las trabajadoras sociales que en principio están a cargo de esa función en las escuelas, contestó que estas carecen de las destrezas de liderato y administración que hacen falta para la tarea. Cuando se le preguntó por qué no explorar la posible contratación de la Universidad de Puerto Rico (que de hecho tiene experiencia con la creación de currículos de ética), preguntó, retóricamente y con expresión de fastidio, “qué obligación” tenía ella de hacer eso.

Más tarde, cuando le preguntaron por qué, concretamente, había elegido (sin subasta pública) a la firma de Josephson, contestó bruscamente “porque sí”, añadiendo más adelante que tenía “evidencia” de que la compañía californiana había tenido buenos resultados con una versión más pequeña del mismo programa que, bajo el nombre de “Tus Valores Cuentan”, llevaron a cabo durante la gobernación de Luis Fortuño. Los que apoyan a Keleher, incluyendo al gobernador mismo, han repetido esto de la “evidencia de buenos resultados” en numerosas ocasiones. Este argumento es, sin embargo, debatible: el instituto nunca ha corrido su programa, Character Counts, a esta escala, y la única evaluación que pudimos encontrar (financiada por el mismo instituto Josephson) no parece adecuadamente profunda o rigurosa y sugiere, como mucho, resultados modestos. Cuando le preguntaron a Keleher cómo supo de la existencia del programa y del instituto, alegó no recordar nada, pero poco después salió a relucir que una funcionaria (con una larga trayectoria en el PNP y directora nada menos que de la oficina de Ética) había traído el programa a su atención. Gran parte de los contratos del Instituto Josephson son financiados con fondos públicos y sus clientes incluyen al FBI, el Departamento de Defensa, y la CIA. El mismo Josephson ha aceptado, sin embargo, que el nuevo contrato en Puerto Rico es el más caro y complejo que han obtenido hasta ahora.

Ahora que ha aumentado la presión del público, Keleher y sus partidarios están acusando a los críticos de prejuicio y xenofobia. Alegan que Keleher no agrada porque es estadounidense, o que su audiencia puertorriqueña no la entiende bien porque el español no es su primer idioma. Insisten en que Keleher está haciendo un gran esfuerzo (por nuestros niños, y por comunicarse) y que sugerir que alguien de Filadelfia no debería correr el Departamento de Educación es equivalente a decir que un puertorriqueño no podría correr una agencia en Estados Unidos. Estos argumentos, sin embargo, oscurecen los procesos históricos y las diferencias de poder que le sirven de base a esta controversia. ¿Le permitirían acaso, a una puertorriqueña, manejar un departamento de educación en Estados Unidos sin exhibir conocimientos plenos del idioma inglés y la cultura e historia del país?

Tomando en cuenta la falta de competencia cultural que ella misma admite, Keleher tal vez desconoce el hecho histórico de que Estados Unidos trató una vez de importar maestros a Puerto Rico con la intención explícita de transformar el idioma, la cultura, y la memoria histórica del pueblo y así convertir a Puerto Rico en un Porto Rico más aceptable. Los maestros locales protagonizaron entonces la resistencia a la imposición de las políticas educativas de “English-only” y la preservación de la historia y tradiciones culturales puertorriqueñas en el currículo.

La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos implica que cualquier nombramiento estadounidense a una posición de poder en la isla constituye una regresión y exacerba años y años de mensajes ideológicos que afirman la incompetencia de los puertorriqueños, su falta de preparación, su ética monga y, en general, sus deficiencias, una ideología que redunda en una “solución” obvia: traer a otra persona, preferiblemente estadounidense, para “arreglar” los desastres que los nativos crean. El mensaje de esa incompetencia, de esa incapacidad para gobernarse a sí mismos, es uno que resurge y se repite con frecuencia últimamente y que refuerza medidas extremas: desde la imposición de una junta todopoderosa bajo la ley PROMESA, pasando por la creación de un mecanismo separado para administrar fondos federales destinados a la reconstrucción post-huracán, hasta el reclutamiento, desde la oficina de Keleher, de personas fuera de la isla, en los cincuenta estados, para ocupar posiciones de alta gerencia (incluyendo directores de asuntos académicos y recursos humanos) en Puerto Rico.

Es importante que ubiquemos conceptualmente el fenómeno Keleher en el paisaje más amplio de un Puerto Rico post-María. Si bien es cierto que su nominación provocó algunas dudas, es también cierto que ha preparado el camino para nombramientos que, aunque igualmente escandalosos, han enfrentado menor resistencia. Ese es el caso por ejemplo de Walter Higgins III, seleccionado para poner en marcha la privatización de la autoridad de energía eléctrica, y Brad Dean, el CEO de una nueva organización sin fines de lucro creada a través de legislación especial, llamada Destination Marketing Organization (DMO) y diseñadapara privatizar los trabajos a cargo anteriormente de las agencias de turismo gubernamentales. La creación de DMO dice mucho sobre la escala de la transferencia de responsabilidades y recursos del ámbito de lo público al de lo privado.

Está claro que la privatización y la entrada de capital privado están siendo asumidos y presentados como los motores de la recuperación económica de Puerto Rico. El énfasis del gobierno local y la junta fiscal ha estado, incluso antes de María, en reducir agencias gubernamentales, atraer inversionistas externos a través de incentivos contributivos, privatizar servicios públicos–incluyendo servicios esenciales como educación, energía y salud– y asegurar ganancias para los bonistas e inversionistas privados. No debe sorprendernos entonces que los especuladores paren la oreja y que los bonos del país estén repuntando.

La “reforma” de Keleher ilustra y surge así de un proceso que, aunque acelerado, sigue la receta tradicional de los sicarios del capitalismo del desastre: reducir recursos y encoger instituciones públicas, otorgar contratos lucrativos a individuos y entidades privadas basados en Estados Unidos, redirigir fondos públicos para crear escuelas nuevas, cerrar escuelas tradicionales, despedir maestros para facilitar y financiar sus planes, y hacer todo lo anterior al tiempo que se lucra y beneficia personalmente.

Desafortunadamente, Julia Keleher no parece ser una excepción o una anomalía. Falta ver si la insatisfacción detrás del reclamo #JuliaGoHome puede convertirse en una marejada mayor de descontento y resistencia contra la explotación y desmantelamiento de los recursos de Puerto Rico y el endurecimiento del dominio colonial.

*nota: esta pieza la escribí en colaboración con Yarimar Bonilla y Natasha Bannan. La versión original en inglés fue publicada en el periódico The Nation. 

Críptidos*

En la foto, un personaje de espaldas, vestido y accesoriado de negro: largo chaleco de cuero sin mangas, sombrero panamá, múltiples brazaletes. Una bellísima ventana que me resulta familiar, por sanjuanera.

En el titular, las palabras “crypto” y “utopia”. “The Dawn of a new Crypto Utopia?”.

Los lectores regulares de la sección de negocios del New York Times (yo, la verdad, voy directo a “magazine” y “book review”, aunque así como están las cosas,  me vendría bien saber algo sobre finanzas) vieron lo mismo que yo: el titular, la foto. Es lo que todas vemos, lo que absorbemos sin pensar, lo que inicia la nube de palabras que redunda en la decisión de leer o no.

Pero sospecho que el proceso de libre asociación de esos lectores fue probablemente racional, y que pensaron cosas así como “bitcoin” o “blockchain”.

¿La palabra que llegó primero a esta atormentada mentecita mía?

CHUPACABRAS.

Sí, ya sé, qué pachó. A estas alturas todas deberíamos saber alguito del nuevo mundo de la moneda virtual. Especialmente teniendo en cuenta que algunos de sus protagonistas evidentemente le han echado el ojo a esta isla nuestra que se vacía. Pero déjeme describir mi tren de pensamiento: la palabra “cripto” significa “oculto”, y la  “criptozoología” (algunos la llaman “ disciplina”, otros “pseudociencia”) se refiere al estudio de criaturas tipo chupacabras, monstruo del lago Ness, y Patota (A.K.A. Big Foot.) Los criptozoólogos boricuas, el más famoso de los cuales es posiblemente Chemo, antiguo alcalde de Canóvanas1, se ocupan del estudio y cacería de entes esquivos e improbables como el chupacabras, la gárgola, la pantera, el alien de Lajas, y el vampiro de Moca.

Estas criaturas misteriosas se llaman “críptidos”. No todas son malévolas: Las hadas, y los elfos, por ejemplo, son también “críptidos”. Pero en Puerto Rico, los críptidos tienden a ser bastante siniestros.

Así que ya ve usted por qué la imagen del personaje de negro, encima de ese titular tan misterioso, me puso a pensar en chupacabras y vampiros.

Se trata, sin embargo (según me fui enterando al leer) de Brock Pierce, un joven magnate que ha hecho una fortuna produciendo y especulando con modalidades digitales de moneda que son descentralizadas e independientes de bancos o gobiernos. Pierce y sus crypto-amigos se han mudado a Puerto Rico y se han puesto a comprar edificios y terrenos. Aún no deciden si montar su ciudad (PuertoCrypto) en Roosevelt Roads, el Viejo San Juan u otra parte, pero en el interín se pasan el día comprando propiedades (como el antiguo Museo del Niño), jangueando y haciendo turismo. Se van a reunir en una cripto-cumbre en marzo y confían en recibir allí el espaldarazo público de nuestro gobernador.

Esta cumbre que viene no es la primera que Pierce protagoniza en Puerto Rico, por cierto. Hubo una en San Juan el pasado marzo de 2017, donde se reunieron criptomillonarios de todas partes del mundo, ilusionados con esto de las cripto-utopías. Algunos preferían Puerto Rico, otros Barbados… En general parecen gustarle las islas tropicales, a los cripto-empresarios, tanto para ubicar sus utopías como para celebrar sus cumbres y reuniones, que aparentan ser muy divertidas y originales, por cierto.

A Pierce le gustan las metáforas. La economía tradicional es una araña, la cripto-economía es una estrella de mar, y la comunidad solidaria que su utopía isleña propone es….wait for it…¡un unicornio! Este hombre está clamando por una criptozoóloga que lo siga y lo estudie. Bueno, quien sabe, si consigo los $1,400 pesitos que cuesta la entrada a la cumbre que viene, y si Chemo no se me adelanta, tal vez me apunto…Si esto del unicornio pega, enriquecerá nuestro cripto-bestiario local: La pantera de Guaynabo, el vampiro de Moca, la llorona de Sabana Grande, el alien de Lajas, el comepantis de Gurabo, el unicornio de Puertopia…

A Pierce le gustan también los rituales. Frente a la periodista del NYT, se acurrucó en una ceiba a meditar y rezar, y luego le besó los pies a un mendigo que pasaba por allí. ¡De complejo de buda a complejo de cristo en veinte minutos! El suyo es un cripto-sincretismo de lo más pintoresco: cree en los poderes de los cristales; predica las virtudes sagradas del discurso de Chaplin en su personaje de Hitler; recoge basuritas de metal para su altar. En una foto tomada en diciembre, Pierce tiene en sus manos algo que llama “semilla de la vida” (“seed of life”). No me queda claro, aún después de leer el texto y mirar la foto muchas veces, qué es, exactamente, la semilla esa. Es un objeto alargado. Podría ser una semilla de mangle.  O un collar santero. A saber.

En fin. Los acólitos de Pierce en varios blogs se refieren a él como un “líder espiritual”, a nuestra situación como una “tormenta perfecta”, y al cripto-movimiento como “una nueva religión”. Uno de sus más fieles seguidores lo llama, sin tapujos y sin ironía, “Grand Wizard.” En serio. De seguro que el pobre (¡¿pobre?!) no sabe nada del Ku Klux Klan y piensa que está haciendo referencia a…qué sé yo. No debe ser el mago de Oz…¿Harry Potter, quizás?

Esta excentricidad y este gustito por lo espiritual no parecen ser solamente parte del peculiar carácter de Pierce. El año pasado hubo un evento en Brooklyn titulado nada menos que “Cumbre Etérea” y organizado por una cripto-empresa llamada “Ethereum”. Los participantes la han descrito en los medios sociales como “una experiencia espiritual”. Yo no sé si espiritual, pero fue ciertamente amena: uno de los conferenciantes, por ejemplo, lleno de vigoroso entusiasmo, se quitó los pantalones y dictó el resto de su charla en calzoncillos.

Debo ser justa con este señor, y aclarar que, según explicó, se esnuó para ilustrar con brío su rechazo al abuso de la mano de obra barata que caracteriza a las industrias de moda y textiles. Debo añadir que, según el parte noticioso, era pleno verano y hacía mucho calor.

Pierce era parte del mismo panel, pero se dejó sus pantalones de lentejuelas rojas puestos. Tal vez porque no puede darse el lujo de esnuarse en público, no después de las acusaciones y demandas en su contra, alegando su conexión con un caso notorio de abuso sexual de menores.

Una se ríe, pero esto es serio. Los adinerados crypto-chicos que han decidido vivir entre nosotros en nuestra isla exhiben esa extraña combinación– inconsciencia, egocentrismo adolescente, y una especie de delirio, de crédula inocencia–que suelen padecer los billonarios. Tal vez porque creer que la fuente de su fortuna es su (extraordinario) talento, combinado con la voluntad divina o con fuerzas espirituales que residen en ceibas y cristales, es una manera eficaz de protegerse de la terrible verdad: que las mismas estructuras que les permiten enriquecerse mantienen a otros humanos en la pobreza.

Que su riqueza y nuestra miseria son dos caras de la misma (cripto)moneda.

Que la biblia la pegó, con eso del camello y el ojo de la aguja. Que su talento es privilegio, que la ceiba es una ceiba y no un bodhi tree, que el mendigo es un mendigo y no un asceta.

No saben qué hacer con sus montones de dinero, pero sí tienen muy clara una cosa: que no se lo quieren dar al gobierno. De hecho están aquí porque por alguna razón los puertorriqueños hemos decidido no cobrarle impuestos a la gente rica, con la loca esperanza de darnos una mojaíta en el trickle down de su actividad económica.

A la periodista del New York Times, sin embargo, le explicaron que están aquí motivados por la “compasión” y la “transparencia”. Que vienen a salvar la isla de 500 años de  abuso. Que son “capitalistas benévolos”. Muy altruistas, en fin, nuestros cripto-salvadores. Dos meses antes de salir en el NYT y alarmarnos a todas con esta cuestión tan críptica, uno de ellos describió al grupo2 como “pensadores avanzados” que “no están aquí por el dinero” sino para predicar una nueva religión, “la religión de la paz, la religión de la economía, la religión de todas las cosas bellas y de todas las cosas que queremos para este mundo.” Más recientemente, Pierce ha anunciado en muchos foros que donará un billón de dólares para ayudar a Puerto Rico a salir del hoyo. No explica claramente cómo funcionará ese donativo. Va a crear una organización, dice, para manejarlo y hacer la cripto-caridad. En la reciente Puerto Rico Investment Summit, esta vez ataviado, native-style, en guayabera blanca y chancletas, declaró nuevamente sus buenas intenciones y, moviendo muchos los brazos y mirando fijamente a la cámara, nos dijo que el huracán nos presentaba una “gran oportunidad” y solicitó sugerencias de todas nosotras, ideas para que el cripto-desarrollo le sea más útil al país3.

Hay algo grotesco, en esto de la llegada de extranjeros millo y billonarios, con su ocio espiritualoide y sus chavos de fantasía, a la isla de donde tienen que salir los puertorriqueños, endeudados y empobrecidos, a buscar mucho trabajo y poco dinero en otra parte, para poder pagar cosas muy concretas como comida y albergue.

No que la manada de ricos que llegó hace algunos años atraídos por la ausencia de impuestos y la invitación a iluminarnos con su buen ejemplo (A.K.A. Ley 22 del 2012) sea mejor o menos…críptida. Rob Hill, por ejemplo, ha dicho públicamente que desconfía de los cripto-hipsters, que no le gustan para nada…Pero estos ex-pats ricos más maduritos que hoy critican a los jóvenes cripto-ricos tampoco pasan el test de la aguja, y sus instrumentos financieros (derivativas, fondos de cobertura, acciones, aparatos así) me parecen tan especulativos y misteriosos como el bitcoin, francamente.

De nuevo, yo de finanzas nada, pero desde mi humilde esquinita veo lo siguiente: las derivadas y los portafolios que nos trajeron la recesión en el ayer cogen las ilusiones del pueblo (la hipoteca de la casita, la pensión del viejito), llevan a cabo complejas y ocultas manipulaciones matemáticas, las mueven en un mercado imaginario, y las convierten en dinero para los los ricos como Rob Hill. La minería y el blockchain que nos ofrecen los cripto-chicos en el hoy cogen la electricidad del pueblo, llevan a cabo complejas y ocultas operaciones matemáticas, las mueven en un mercado imaginario, y las convierten en dinero para ricos como Brock Pierce.

Al final del día, son todos una partida de críptidos, comprando la isla a precios de liquidación, con la complicidad de los chupacabras y vampiros del patio.

*Una versión más breve de este texto se publicó en Claridad, el 15 de febrero de 2018, y esta versión salió en la revista digital 80grados.net el 23 de febrero. Las fotos son de Érika P. Rodríguez, del NYT. 

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ellos, en la oscuridad

Publicado previamente en la revista digital 80grados.

Cuando Fortuño y su gente trataron de empujarnos el gasoducto del norte, fracasaron. No del todo, porque nos fueron acostumbrando a aceptar que “el mercado”, ese eufemismo que usamos para referirnos al playground de los ricos que son la tierra y sus habitantes, le había puesto el ojo a la luz que nos alumbra(ba). Pero fracasaron en sus esfuerzos de vendernos las maravillas de lo que llamaban “Vía Verde”. De convencernos de que era vía, o de que era verde.

“Vía Verde”. Qué nombrecito. Era la misma técnica detrás de los “fake news” y el “crooked Hillary” de Trump, pero en reversa. Era como llamar al big mac el “Healthy Burger.” Los anuncios de nuestros capataces coloniales han sido, históricamente, más engañosos que hasta los de McDonalds, qué bárbaro.

El caso es que en ese entonces, los puertorriqueños recibimos nuestras siempre infladas facturas de luz en unos sobrecitos muy monos que exaltaban las maravillas de la Vía Verde. UmJuuuú, dijimos, como el arrugado campesino del pasquín del colmadito. Estos lo que quieren es repartir contratos entre los amigos y caerle a tubazo limpio a los campos, los ríos y las comunidades. Gracias, pero no gracias.

No hay problema, dijeron los buitres. Regresaremos luego. En la oscuridad de la noche.

Literalmente, en la oscuridad. ¿Qué mejor momento que el presente, para anunciarnos la privatización de la AEE? Ya ni se molestan en inventar nombrecitos. Con decir “privatización” basta.

Porque, convenientemente, hoy estamos a oscuras. Los dioses les han sonreído (y después nos preguntan a algunas por qué no confiamos en dios) y obsequiado con un huracán. Dos, si contamos a Irma. Tres, si contamos la deuda. Muchos más, si nos ponemos a contar las palizas que el matrimonio diabólico entre capitalismo y coloniaje nos ha propinado a través de la historia.

Estamos a oscuras. El viento se llevó nuestra ya frágil luz, y nuestros amos no parecen tener demasiada prisa por traerla de vuelta. De hecho, muestran más bien prisa por quitarnos otras luces. Las del conocimiento, por ejemplo: Cierran escuelas, destruyen a la universidad, le asignan el rol de tutores a empresas de dudosa calidad y aún más dudosa virtud. Todo estará ahora en manos de la mano. La mano invisible de las bondades del mercado.

Qué oxímoron ese. “Las bondades del mercado”. En lo que respecta a la luz y la educación, en cualquier parte, el mercado ha sido de todo menos bondadoso.

Bueno, y ya que estamos en estas: Todo menos “mercado”.  ¡Qué oxímoron ese, el término “mercado” mismo! Porque de mercado no tiene nada. En el mercado físico arquetipal que le da origen a este término tan cacareado por los ricos (y tan sufrido por las demás) hay muchos, muchos kioskos. Una puede comparar (y hasta sobar un poquito) los tomates de unos y otros antes de comprarlos. Todos los compradores saben reconocer un tomate podrido y pueden optar por no comprarlo. Los tomates de una finca lejana no gozan de protecciones que les niegan a la finca local. Nadie le puede poner patente a las semillas del mejor tomate, o del  más barato. Los tomates son tomates, y no objetos sintéticos con cierto parecido a un tomate.

Nada que ver con el “mercado” donde venden nuestra electricidad, nuestra educación, nuestra agua, nuestras carreteras…Los proveedores son pocos y compiten menos aún, así que no hay mucho para comparar. Si nos dejan comparar, nos privan de la información necesaria para poder hacerlo bien. Y estamos obligados a comprar sin comparar, claro está: ¿quién puede vivir sin luz, sin agua, sin educación, sin carreteras? Ah, y el tomate no siempre será, cabalmente, un tomate: la luz vendrá y se irá, el agua sabrá a metal o caquita, la carretera agujereada nos romperá el carrito, el grado universitario costará más pero valdrá menos, en la escuela habrá más dios y menos pensamiento crítico, y así por el estilo.

¡Hasta el mismo Adam Smith, que acuñó eso de “la mano invisible”, sacaba los bienes públicos de la esfera del mercado! Por razones morales, decía. Sentido común. Decencia, pura y simple.

Pero a los neoliberales de hoy no les gustan los libros de su propio fundador. Lo prefieren en estatua. Prefieren leer y citar los CliffsNotes de Friedman y los salmos de Rand. Les gusta la religión pero la moral les vale madre. Y el mercado es una pulpería de hacienda. Tal vez porque son unos pulpos. O porque nos sacan el jugo y descartan la pulpa, nos tiran a pérdida si no podemos comprar.

No quieren ciudadanos, sino sujetos coloniales, porque esos no tienen derechos. No quieren ciudadanos, sino consumidores, porque solo servimos para comprar. Comprar, comprar y comprar hasta la luz, el agua, los caminos y las herramientas del pensamiento y la voluntad. Venderles nuestro oro a cambio de nada, comprarles cuentas de colores a cambio de todo, todo lo que tenemos, todo lo que somos.

Podría desesperar. Sí desespero. Pero con el ojo y las pocas neuronas que aún no he tenido que vender me asomo y veo a Casa Pueblo y a IDEBAJO repartiendo luz de sol, veo brigadas y colectivas repartiendo techos y comida, veo jóvenes sembrando semillas de verdad que se transfiguran en comida de verdad, veo artistas que nos salvan el alma, la que nos quede, con su arte, veo escritores que nos tatúan la mente, la que nos quede, con su pluma, veo gente que grita y resiste… Y vivo, vivo y siento y pienso por un día más.

Recorrido

Llevo ya algún tiempo viviendo acá (¿o allá?) en el país que hace más de un siglo se proclamó a sí mismo dueño del mío. Al principio y durante un par de años, trabajo en una ciudad que no me recibe ni mal ni bien, porque es una ciudad que verdaderamente no “recibe”, punto. Una ciudad en donde se amigan los adinerados y los poderosos. Donde pasan cosas y a la vez no pasa nada. Donde coexisten, sin llegar a convivir, los importantes y los invisibles, la velocidad y la lentitud.

Mi recorrido matutino comienza saliendo de la mano de mi hijo menor por la puerta de un gran edificio de apartamentos.

A nuestro alrededor, los empleados de empresas, ONG’s y gobierno caminan rápidamente. Son muchos, y suelen ser esbeltos y blancos. Llevan audífonos en las orejas. Visten los colores claros y brillantes del verano.

A nuestro alrededor hay también jardineros. Son muchos, y suelen ser salvadoreños o bolivianos. Llevan herramientas en las manos. Visten mamelucos pardos pero siembran flores en los colores claros y brillantes del verano.

Nos subimos al tren. Llevo meses viajando en tren, pero no se me pasa la sensación de novedad: el tren me encanta. Los vecinos se burlan cariñosamente de mi entusiasmo. El tren, me dicen, anda siempre atrasado, sus escaleras siempre están averiadas, está muy lleno, a veces apesta. Pero a mí me resulta liberador. Aún en el rush hour, aún con el codo de un desconocido en mis costillas, aún escuchando las protestas de mi pequeñín, que pregunta en voz chillona y en dos idiomas dónde nos hemos dejado la miniván, aún entonces, sonrío y me regodeo por un momento en mi nueva condición de peatona.

Nos bajamos en la estación de Foggy Bottom y caminamos media milla hasta el campamento de verano. Allí suelto a mi pequeño acompañante y emprendo el camino hacia el trabajo. Todas las mañanas le paso por el lado a unos ocho homeless. Así les llaman acá a las personas sin hogar, a las personas que en Puerto Rico llamamos deambulantes.

Son una presencia familiar en esta ciudad. Suelen ser negros y por lo general muy gruesos. Se mueven, cuando se mueven, con lentitud. Las más de las veces, están más bien estacionarios. Y tiene sentido que lo estén, porque llevan su vida a cuestas: en un carrito de compra, en un coche de bebé sin bebé, sobre sus mismos cuerpos abultados, llevan los sleeping bags, los bártulos varios, los mementos de la guerra, lo que les queda de la vida que se fue, de la vida que se va.

Les rodea y les sirve de contraste la masa ágil y atractiva de tantos otros seres, tan distintos, tan blancos, tan delgados, tan bien vestidos, tan livianos, tan veloces, seres que no tienen que llevar su vida a cuestas porque la ubican, la ordenan y la decoran en otras partes: en viajes, en apartamentos, en sus agendas, en sus teléfonos “inteligentes”, en el futuro.

Uno de los hombres sin hogar suele plantarse, obstinadamente, en un banco del parque. Lleva su vida en un carrito verde de supermercado, al cual protege del clima y las miradas curiosas con una manta decorada con el águila y la bandera americanas. Abandona su banco una o dos veces a la semana, expulsado del parque por un policía desganado y mustio que suele ubicarse en una esquina cercana y cuyo mantra puedo adivinar, y en cierto modo compadecer, desde mi caminar: I’m just doing my job.

Al principio me costaba reconocer a los deambulantes en Virginia y D.C. Tal vez porque realmente no “deambulan” mucho. Los homeless más visibles en Puerto Rico suelen ser muy distintos: flacos, móviles, cargados con pocas cosas, pidiendo dinero de carro en carro en las luces rojas. Las etiquetas que usamos para nombrar a unos y otros le hacen eco a esa diferencia: una implica movimiento, la otra desamparo. Puede ser que tome, además, cierto grado de familiaridad, esto de reconocer y asignarle el nombre culturalmente adecuado a la pobreza, o a cualquier otra cosa.

Voy llegando a la acera frente a la Casa Blanca. Una masa de hombres sonrientes que identifico, por su apariencia y lenguaje, como provenientes de algún país del este de Asia (primero pienso “chinos”, pero me corrijo rápidamente), surge de un lujoso autobús. El hormiguero en movimiento se bifurca y me rodea al enfrentar el inofensivo obstáculo que representa mi cuerpo, este cuerpo (¿exiliado/ migrante?) que a veces me pesa y otras flota. Me imagino una cámara filmando la escena desde arriba; ellos (turistas, muchos, cargando con mochilas y cámaras) caminando rápidamente en dirección norte, y yo (residente, sola, cargando con carpetas y nostalgias) caminando lentamente en dirección sur. Me sorprendo preguntándome si el tour bus será una suerte de diáspora artificial, pasajera, cómoda, densa. Si la escena será un agüero, o la metáfora torpe, escurridiza, de alguna cosa relativa a mi vida, a este extraño país, a la historia, o al mundo.

Y es que cuando una empieza con esto de la escritura distante (¿exiliada?¿migrante?), comienza también a atisbar significado en todas partes. Es una especie de paranoia tristona y gentil, la del escritor perseguido por todo lo que se asoma pero no se deja ver. Por una idea, por un recuerdo, por un dolor, por un color, por un olor. Por una isla, por un paisaje, por un amor, por un fantasma.


nota:publicado también en #SeráOtraCosa, en el Periódico Claridad

lo que no contamos

Nota: publicado antes en las revistas digitales La Pupila y 80grados.

No contamos a los muertos de María. No realmente. Los hemos tenido que estimar y calcular, porque los que tendrían que estar contando no lo hacen.

“Contar” es una de esas palabras. Esas que me obsesionan. Esas que tienen más de un significado, a veces discretos y a veces cruzados. Palabras como también lo son “discreto” y “cruzado”.

Contar es ir construyendo, laboriosamente, de uno en uno, una suma.

Contar es tener alguna importancia, valer algo, ser visible.

Contar es tener disponible alguna cosa, algún recurso.

Contar es narrar.

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Dejar muertos sin contar es invisibilizarlos, restarles valor. Contarlos (o estimarlos, cuando contar directamente no se puede, y cuando los que deberían hacerlo no quieren) es hacerlos visibles, devolverles algún valor. Narrar las historias de esos muertos es también contarlos. Y contar con ellos.

Dejar muertos sin contar es enmudecer sus historias, que son también las nuestras. Sin historias no hay memoria, no podemos recordar. Si no podemos recordar, no podemos construir las esperanzas realistas y oji-abiertas que necesitamos. Y es que las esperanzas absurdas, ciegas, o carentes de los cimientos de la memoria no son esperanzas: son optimismos pendejos o fe(s).

Que ningún país “se levanta” sin memoria, sin verdades, sin historia.

Gracias a algunos periodistas y a mucha gente de a pie, hemos podido comenzar a contar muertos. Mientras tanto, los que tendrían que estar contando–casa por casa, morgue por morgue, funeraria por funeraria– no lo hacen. Cuentan con la burocracia necesaria–¿para qué, si no, son las burocracias?–pero no con las ganas.

Los que tendrían que contar muertos son parte de los gobiernos que nos gobiernan. Alegan representarnos. Dicen que cuentan con nosotros. Pero no nos representan, y, para ellos, no contamos.

De todos modos, y por su culpa, tengo que escribir “no contamos los muertos de María.”

__________

Hay categorías de objetos y sujetos que sí contamos. En Puerto Rico y en Estados Unidos, contamos (apasionados) ciertas cosas.

Contamos votos, por ejemplo. Obsesivamente. Los contamos durante las elecciones, y aún con más ahínco antes de las elecciones. Los contamos, y anunciamos cada cuenta, muchas cuentas, en los mismos periódicos que ahora no quieren contar muertos. Los ilustramos con gráficas de colores y los narramos con entrevistas.

Contamos los “approval ratings” de Trump todos los días. Todos los días.

Contamos las libras que ganan o pierden las actrices, las reinas de belleza y las modelos.

Contamos “likes”, “impressions”, “visitors”, “views” y “comments”.

Contamos los millones que una película genera el primer día. El primer fin de semana. La primera semana. Todas las semanas. Contamos los millones aquí. Contamos los millones en el mundo.

Contamos los billones en los portafolios de los billonarios, y hacemos listas en orden descendente. Sus billones no nos indignan: nos entretienen.

Contamos agravios. Contamos lo que damos, y lo que nos quitan. Le pasamos la cuenta (a la amiga, la hermana, el vecino) de cuando en cuando.

Contamos calorías. Contamos minutos de ejercicio. Contamos pasos, tratando de llegar a los 10,000. A veces compramos aparatitos que nos ayudan a contar todo eso con precisión.

Contamos (bueno, aquí sí que tengo que decir “cuentan”) los billones que debemos, para cobrarlos, cueste lo que cueste, porque el sufrimiento que pagarlos nos cause no cuenta.

Porque “deber” es, curiosamente, más inmoral que cobrar.

__________

Hay sujetos y objetos que no contamos. Y ojo: “no contar bien” es una versión, una encarnación más débil, de “no contar”. En Puerto Rico y en Estados Unidos, dejamos sin contar (indiferentes) ciertas cosas.

No contamos cuántos “inmigrantes indocumentados” llegan huyendo de la guerra, de las gangas,  de la muerte segura. Imagínate–si los contáramos, ¡habría que llamarlos “refugiados”,  dejarlos entrar, y hasta quedarse!  Habría incluso que bregar con la realidad histórica que vincula la presencia estadounidense en América Latina con la violencia que sus habitantes viven hoy, y de la que intentan escapar.

No contamos (bien) a los soldados estadounidenses muertos en el oriente medio. Imagínate–si los hubiéramos contado bien, ¡nos hubiéramos quedado sin reclutas! Tampoco contamos a los contratistas muertos. Imagínate–si los hubiéramos contado bien, ¡el público hubiera tenido que encarar la magnitud de la inversión pública en contratistas sin subasta! Y, por supuesto, tampoco contamos (bien) a los civiles iraquíes y afganos muertos. Imagínate–si los hubiéramos contado bien, si los contáramos bien hoy, ¡el público tendría que encarar la absoluta inmoralidad de las decisiones de sus gobernantes, y de su propia complicidad!

No contamos bien las muertes de los niños que están, oficialmente, bajo la supervisión de agencias gubernamentales.

No contamos bien las muertes de ciudadanos a manos (o a balas) de la policía.

No contamos (bueno, aquí sí tengo que decir “no cuentan”) lo que ya le hemos sacado a la isla y a los isleños deudores.  Porque “deber” es, curiosamente, más inmoral que cobrar.

__________

Aun cuando sí contamos, algunos (muchos) se rehúsan a aceptar los números resultantes. Tome los genocidios, por ejemplo. Hay quienes viven obsesionados con reducir esos números hasta lograr el redondeo macabro que los cambia de categoría, que los denomina alguna otra cosa que no sea “genocidio”.

O, como en el caso de nuestros “líderes”, a “real catastrophe”.

Hay puertorriqueños que dicen, que insisten, que el estimado de 1000 muertos es “exagerado”. Quiero entenderlos. No lo consigo. Sigo tratando.

Si no soportan (soportamos) ver a nuestros muertos ni siquiera como números, ¿cómo verlos, vernos, reconocernos, punto?

¿Cómo contarnos? ¿Cómo contar?

¿Cómo levantarnos sin memoria, sin verdades, sin historia?

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