!Mi nuevo libro “Fantasmas” llega hoy a las librerías!

fantasmas coverMi libro “Fantasmas” (bueno, realmente nuestro libro, porque mira que mucha gente buena y generosa ayudó a mejorarlo y a hacerlo posible), publicado por la Editorial Education Emergente (EEE), está llegando a las librerías!!! A partir de mañana 20 de septiembre. Entre ellas @ElCandil_Ponce, Librería Norberto en Plaza y Rio Piedras, Librería Mágica, y Librería Laberinto. #LiberaTuLectura

De la contraportada de la maravillosa Marta Aponte Alsina: “Se dice que la felicidad no es un buen estímulo para escribir. El dolor sí, para entenderlo y distanciarse de él. ¿Qué opinar de un libro como Fantasma? Todo lo que el libro se propone decir está en el libro. Quizás admirar la serenidad del estilo controlado y cristalino; la inteligencia del testimonio que también es un ensayo de introspección. La trama tiene que ver con el más elemental de los afectos humanos: la relación entre una madre y su hija, que llegará a ser madre. En este libro hay relatos de un patrón de maltrato insólito en escenarios difíciles de concebir y también del maltrato corriente en escenarios cotidianos que no nos atrevemos a pensar; relatos de familia centrados en el legado trans generacional del trauma. La escritura del dolor es como una casa que se construye metódicamente para enfrentar convulsiones internas y los golpes que nos da la vida. ¿Qué opinar de un libro como Fantasma? Que es sabio y generoso, sin soluciones fáciles.”

Disponible a partir del 20 de septiembre en librerías El Candil en Ponce, Norberto en Plaza las Américas y Rio Piedras, Laberinto en el Viejo San Juan y Librería Mágica en Rio piedras. Pronto disponible en línea, pendiente para los detalles.

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Funding the University of Puerto Rico is a Must for Puerto Rico’s Recovery

PROTESTAmos

Policy Brief: Funding the UPR is a Must for Puerto Rico’s Recovery

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Transatlantic voices for Puerto Rico’s Public University

 INDIVIDUOS que desean endosar pueden entrar en el grupo (moderado) de FaceBook:

Transatlantic voices for Puerto Rico’s Public University

Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM)

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)

Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS) UPR-Río Piedras

Movimiento Estudiantil RUM

Asociación de Supervisores Gerenciales de la UPR

Consejo General de Estudiantes UPR-Mayagüez

Consejo General de Estudiantes UPR-Carolina

Consejo General de Estudiantes UPR-Bayamón

Consejo General de Estudiantes UPR-Utuado

Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña-UPR

Instituto Universitario…

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un par de mitos sobre la UPR

Los que me conocen saben que ando un poco obsesionada con la defensa de la universidad pública de Puerto Rico, la UPR, que está bajo ataque, protegiéndose como puede de 1)los recortes draconianos impuestos por la Junta de Control Fiscal y 2) la potencial pérdida de acreditación que podría ocurrir debido, justamente, a esos recortes y la duda que los mismos arrojan sobre la capacidad de la institución para cumplir con su ambiciosa, importante, esencial y polifacética misión.

El otro día me preguntaron algo así: ¿qué te dice la gente que justifica estos recortes? Si son tan terribles y absurdos como dices, entonces cómo es que hay tanta gente que los acepta y hasta los celebra?

Me quedé pensando, y mi respuesta forma parte de las cosas que ando estudiando de momento, pero aquí van algunas respuestas preliminares que podrían contribuir a la discusión actual:

  1. Hay dos tipos básicos de personas que justifican los recortes. Los llamaré, por aquello de usar lenguaje pintoresco, los “haters” y los “pragmatists”. [Los “lovers” no justificamos los recortes. :)]
  2. Los “haters” se mueven en todas las esferas: algunos son decanos, otros analistas, otros troles de internet y gritones variopintos. Sus aseveraciones incluyen ideas como que la UPR es un bastión comunista, los estudiantes son unos vagos pelús elitistas, y la UPR le chupa los recursos al país. A estos le hemos respondido con creces, muchas personas que tratamos el tema, y en muchos medios distintos, demostrando que la universidad es una buena inversión, que genera más actividad económica que costos, que sus estudiantes tienen mayor aprovechamiento, que su alcance va mucho más allá de  sencillamente las clases e incluye cosas como hospitales, museos y prevención de desastres, en fin. En este post no me ocuparé demasiado de los “haters” porque la verdad es que se nos va la vida contestando sus locuras y lo hemos hecho tantas, tantas veces….De todos modos, cuando tenga tiempo entro y pongo por aquí una biblografía de recursos que prueban que la universidad es una buena inversión y posiblemente el proyecto cultural más importante y efectivo en la historia del país.
  3. Los “pragmatists” son más complicados, y algunos hasta tienen algo de “lover”, y atenderé sus reclamos en otros posts y espacios. Pero en esta ocasión quiero dirigirme a dos de esos reclamos, porque los usan mucho, y porque aunque los usan los “haters” también los usa gente que es en general gente buena y razonable, gente  que simplemente entiende que la universidad debe ser como las “del norte”, gente que habla de “sentido común” y de “ser prácticos” sin mirar los números muy de cerca.  Sin meterme con esa idea de que hay que parecerse a las universidades de Estados Unidos (eso es otro tema) atenderé dos mitos que se caen fácilmente al comparar universidades estadounidenses con la UPR.

MITO 1:”La UPR es demasiado barata”

Respuesta: NO. Cuando usted toma en cuenta el tamaño de los ingresos de nuestros habitantes, y el porcentaje de ese ingreso que el costo de matrícula representa, la verdad es que nuestro sistema es bastante caro, no “barato”. El Consejo de Educación Superior hizo un estudio reciente sobre esto, y puede leer el resumen de ese estudio aquí.

MITO 2: “La UPR es demasiado grande y/o tiene demasiados recintos, así que hay que achicarla.”

Respuesta: La UPR NO ES MAS GRANDE QUE OTROS SISTEMAS COMPARABLES. Fíjese, por ejemplo, en Nueva York: Según el censo, Puerto Rico tenía unos 3.3 millones de habitantes en el 2017. El sistema universitario público de Puerto Rico (es decir, la UPR) tiene once recintos. El estado de Nueva York tenía 19.8 millones de habitantes en el 2017. Sus dos sistemas públicos (CUNY y SUNY) tienen un total de 88 campuses. Es decir: Puerto Rico tiene un recinto por cada 0.3 millones de habitantes, más o menos. En Nueva York, hay un recinto por cada 0.23.

Para decirlo clarito: El tamaño de la UPR, en términos de número de recintos, es comparable, de hecho hasta un poco menor, que el tamaño del sistema público en un estado que solemos utilizar con frecuencia como referente, el estado de Nueva York.

Otro tanto ocurre cuando miramos los números de California, otro estado con fuertes sistemas de educación superior pública. California tenía unos 40 millones de habitantes en el 2017. Sus tres sistemas públicos (CC, CSU y UC) suman 146 recintos. Es decir, California tiene un recinto por cada 0.27 millones, o sea que tiene más recintos por habitante que Puerto Rico.

Lamentablemente ando de prisa, pero quería compartir este dato rapidito tanto con los aliados como con los que piensan que la UPR tiene “demasiados recintos”. El tema es largo y hay tela para cortar, pero regreso en un par de semanas y lo tratamos con calma, añadimos más datos, y todo eso.  Hasta entonces–rb

 

 

 

nosotros, ellos, la nieve*

davos 2019Debe ser por el frío que me paraliza acá en el Bronx, o por el hecho de que el gobierno federal está medio cerrado, pero las imágenes de la cumbre en Davos se han alojado, obstinadamente, en mi cabeza. Pienso en nieve, montañas y pinos. Pienso nieve, nieve, nieve. Es uno de esos paisajes que son preciosos solo si una está lejos o tiene mucho dinero, porque la nieve en abundancia evoca “vacaciones” para los que tienen mucho y miseria para los que tienen muy poco, y el deporte del esquí, así como las estructuras que se erigen a partir de él, es, como el polo o el golf, un deporte donde suelen estar representados mayormente aquellos que pueden pagar por equipo, maquinaria, hotel y viaje.

Cada año, emigran por un rato a Davos, Suiza, los jefes de estado y los billonarios, a veces en sus aviones personales, a veces en primera clase de un avión comercial.  Algunos son ambas cosas, jefes de estado y billonarios. Otros solo billonarios pero amigos, donantes o “influencers” de los políticos. Aunque hay, como en cualquier parte, enemistades, en general se trata de una comunidad donde los ricos se encuentran, se amigan, se enamoran, se casan,  se apadrinan los hijos y las suertes unos a otros, se nombran a juntas corporativas y filantrópicas unos a otros, y juntos hacen chavos y toman decisiones sobre el resto del planeta.

Siempre hay un party pooper, claro está. En el 2011, por ejemplo,  Bill Clinton les dijo, casi casualmente, inspirado a saber por qué mezcla de culpa, lucimiento e introspección, que las grandes civilizaciones tienden a ser arruinadas por la codicia de los poderosos. Este año, Seth Klarman, que corre el fondo Baupost, uno de los fondos buitre que compró bonos de COFINA, les ha enviado una carta a los asistentes, una carta cuyo tono el New York Times describe como “desolador” y que advierte sobre los peligros de las “tensiones”, “divisiones” y “fricciones” socioeconómicas y políticas. Pero no porque estas tensiones, divisiones y fricciones sean malas en sí mismas, sino porque constituyen una amenaza para lo verdaderamente importante, que es el clima estable en donde los inversionistas hacen sus inversiones. “Social cohesion is essential for those who have capital to invest” reza la carta. En el 2011 Klarman había dicho, “Whatever investment success we achieve will take place against a troubled backdrop”, pero nada, supongo que todos tenemos derecho a cambiar de parecer.

De modo que la desigualdad es un problema, según Klarman, y le molesta, pero no porque esté mal el empobrecimiento creciente de tantas personas sino porque les resulta inconveniente a los inversionistas, por aquello de que la gente se ofende y protesta, con panderos o en chalecos amarillos.

Por cierto: acá en los EEUU, los periodistas y comentaristas usan la palabra “oligarca” para referirse a un billonario ruso, y la palabra “billonario” para referirse a los estadounidenses. Pero yo acá, mirando las fotos y noticias sobre este señor Klarman, no puedo evitarlo y pienso nieve, nieve, nieve, oligarca, oligarca, oligarca…

Por cierto también: el fondo que Klarman dirige y que posee bonos de COFINA tiene también conexiones de lo más interesantes con la industria de escuelas chárter y con grandes donativos para adelantar medidas en referéndum y candidatos políticos en elecciones en los estados. Nieve, nieve, nieve, oligarca, oligarca, oligarca…

Pensar en nieve me lleva a pensar en pingüinos, por supuesto. Los pingüinos hacen muchas cosas encantadoras, y una de ellas es organizarse, pegaditos, cuando enfrentan tormenta, para así protegerse y calentarse unos a otros. Tiene sentido–juntos generan más calor y aumentan sus posibilidades de sobrevivir el embate del frío y el viento.

Ante la tormenta que representa el capitalismo desenfrenado que es el corazón de la economía global de la deuda, solemos juntarnos como pingüinos en comunidades, uniones, instituciones. Pero el capital, como la física, tiene su lógica, sus leyes, su particular forma de entropía. Le gustan los individuos. No le gustan, para nada, los colectivos que desafíen el principio central de la codicia. Opera dividiendo, oscureciendo, exprimiendo y consolidando.

Primero nos divide. Así como cuando separa a las familias de una comunidad plantada en un canto deseable de real estate, e insiste en repartir títulos de propiedad, para que cada familia venda por su cuenta y se salga más rápido que el todo. O cuando separa a la Universidad de Puerto Rico en once recintos, cada uno (¡olvídate del #oncerecintosunaupr!) con la carga de probar que: (1) merece existir como recinto y (2) tiene los recursos para hacerlo a pesar de los recortes brutales impuestos por la Junta. El capital convierte a  las comunidades en una sumatoria de individuos y a las instituciones en un conjunto de sucursales. Siempre a oscuras, claro. El mismo grupo de Klarman, Baupost, se cambió convenientemente el nombre a “Decagon” para comprar deuda de Puerto Rico. Y, ¿cuánto trabajo no han pasado grupos como los incansables periodistas del CPI, para que les entreguen los documentos más básicos, para obtener una mínima posibilidad de transparencia? ¿Cómo es que de repente tenemos misteriosos filántropos pagando salarios de “voluntarios” en las más altas esferas del departamento de Educación?

Una vez divididos, es fácil exprimir: los estudiantes desplazados se convierten, convenientemente, en clientes de un sector privado, subsidiado por el estado federal (la beca Pell) o local (el “costo por estudiante” de la reforma educativa); los retirados pierden su garantía de ingreso y en su lugar reciben un “portafolio” de “inversiones” individual, del tipo “tenga usted, compre acciones y que le vaya bien, o tal vez no, su retiro depende ahora de la popularidad del último iphone o de un par de tenis”; los empleados negocian sus condiciones por separado y en implícita competencia con los que otrora fueran sus pares y aliados; cada quien erige la mejor barrera (física o psíquica) que pueda para protegerse, porque la policía no está; y todas compramos, gastamos, invertimos en todo, todo, todo, porque nada es bien común y todo es mercancía, venta, producto. Nieve, nieve, nieve.

Con la consolidación viene la ironía: se alían, se compran, se juntan y se convierten en una cosa que, a diferencia de nuestra comunidad, nuestra institución, nuestro estado o nuestro país, es de repente “demasiado grande para fracasar”, “too big to fail”. Entonces, venden “instrumentos financieros” y nos venden también la idea de que tenemos que salvarlos y subsidiarlos, para que puedan seguir encontrándose, amigándose, enamorándose, casándose, apadrinándose los hijos y las suertes unos a otros, nombrándose mutuamente a juntas corporativas y filantrópicas y, cómo no, haciendo chavos y tomando decisiones juntos, comiendo caviar y bebiendo champán, sobre nosotros y el resto del planeta.

 

*Publicado previamente en Claridad, 31 de enero del 2019

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¿La “universidad del norte”, o la universidad del desastre? *

En estos días, el futuro de esa institución venerable que es la Universidad de Puerto Rico parece incierto. El huracán María mutiló su infraestructura hace un año, y los gobiernos (el local, el federal, y ese aparato fantasmal que llamamos “La Junta”) claramente han decidido que, en lugar de reparar y fortalecer nuestra educación superior pública, van a aprovechar sus heridas (y nuestro trauma) para debilitarla más aún. Así, en este país nuestro, un territorio cada vez más pobre y con altas tasas de desempleo, donde la electricidad es intermitente y a los muertos se les niegan el nombre y la dignidad, los estudiantes y sus familias tendrán que enfrentar un costo de matrícula que sube, una oferta de cursos que baja, la ausencia de muchos profesores “temporeros”, la inseguridad que produce la existencia de un “plan fiscal” sobre el cual nadie parece hablarles claro, la eliminación de exenciones …Todo ello en una institución que por más de un siglo ha sido nuestro vehículo de movilidad social por excelencia.

 

Un político famoso (e infame) de derecha en Estados Unidos dijo una vez que él no quería eliminar, lo que se dice “eliminar”, el gobierno: sencillamente, advertía sonriendo, quería reducirlo en tamaño y así poder ahogarlo en la bañera. El hombre la encontraba muy jocosa, pero es realmente una imagen violenta, y es justamente lo que parece estar ocurriendo en Puerto Rico, donde el afán de los miembros de La Junta (esa junta a la que nadie llamó, por la que nadie votó) por implementar lo que eufemísticamente llaman “right-sizing” se traduce en una amenaza constante contra todo lo público–de hecho contra la existencia misma de nuestra universidad.

 

En las semanas posteriores al huracán María, el Departamento de Educación de Estados Unidos separó $41 millones para apoyar a los estudiantes y universidades impactados por el huracán. De esa asignación de fondos (de por sí bastante pequeña, en comparación con los daños estimados de 118 millones sufridos por la UPR), nuestro sistema recibió solamente 20 por ciento, en contraste con las asignaciones de fondos ($190 millones) que recibieron hace años las instituciones universitarias impactadas por el huracán Katrina en Louisiana y Mississippi. Para colmo, una porción considerable de esos “María relief funds” fueron otorgados a instituciones privadas fuera de la isla, tales como New York University y Grand Canyon University, que no fueron impactadas directamente por el huracán y se limitaron a ayudar a un número relativamente pequeños de estudiantes puertorriqueños a continuar sus estudios.

 

Además de otorgarle fondos insuficientes a la UPR, el departamento de Betsy DeVos ha estado últimamente destripando programas tradicionalmente importantes para los estudiantes más necesitados, tales como estudio-y-trabajo. En Puerto Rico, una isla traumada donde el ingreso anual familiar mediano está por debajo de $20,000 y donde obtener cualquier empleo es difícil, estas políticas federales son particularmente perniciosas: muchos estudiantes se verán obligados a dejar de estudiar o a tomar menos cursos para poder sobrevivir.

 

La imposición de esta “austeridad” sobre la UPR no surgió con María, claro está: La Junta (esa suerte de gobierno paralelo, poderoso y sombrío nombrado por el presidente Obama como parte de de la ley PROMESA) le había echado ya el ojo a la universidad, tempranito en su gestión. Siguiendo ese libreto de “medidas de austeridad” tan fracasado pero tan común en los países endeudados, y aprovechando el doble shock de la deuda y el huracán, la Junta y sus cómplices han estado recortando pensiones, cerrando escuelas, desprotegiendo recursos naturales y, por supuesto, exigiendo recortes en la universidad, desde el principio. Sus actividades y expresiones nos han enviado un mensaje consistente y claro: Los gobiernos, tanto el federal como el local, han abandonado a la universidad (y al bien común) como una prioridad social.

 

La Universidad de Puerto Rico ha sido, históricamente, una de las mejores inversiones que ha hecho el país. Contribuye significativamente a la economía local y de hecho ha sido una de las entidades públicas que mejor y más sofisticadamente ha manejado su propia deuda. Resulta entonces curioso, irónico, tal vez hasta burlón, que la Junta la haya elegido como blanco de sus primeros recortes, sin publicar la lógica de sus números, sin proveer datos concretos, sin excusa y sin justificación económica.  

 

Pero podemos especular sobre las posibles razones de la Junta para empezar el desmantelamiento de lo público metiéndole tijera a la UPR: la universidad ha sido, históricamente, un espacio de resistencia al colonialismo y a las reformas neoliberales, y esa fama le ha ganado la antipatía de los sectores más conservadores del país–y la convierte en una amenaza para La Junta. La educación superior, en general, está fuertemente vinculada a la conciencia y participación política. De hecho un estudio reciente realizado en Puerto Rico por Yarimar Bonilla sugiere que los estudiantes que asisten a instituciones públicas tienden a tener un mayor “conocimiento político” que aquellos que asisten  a instituciones privadas. Por muchos años, la UPR se ha caracterizado por un movimiento estudiantil activo y robusto que ha protestado la intervención colonial vigorosamente desde 1948, y que ha sido punta de lanza para la resistencia a nivel nacional contra la imposición de medidas de austeridad sobre la institución y la isla en numerosas ocasiones, incluyendo, en el 2016, contra PROMESA y la Junta misma.

 

Así, los miembros de la Junta y sus portavoces locales estaban haciendo declaraciones públicas sobre la necesidad de imponer grandes recortes en la Universidad tan temprano como enero del 2017. Los números eran un blanco en constante movimiento: primero dijeron $350 millones, luego dijeron $450, en algún momento hablaron de $500–de nuevo, sin explicación, lógica, fórmulas o datos. En cualquier caso, los recortes discutidos públicamente entonces se aproximaban a la tercera parte del presupuesto total del sistema.  Durante un año, la Junta se dedicó a ignorar las medidas y los planes fiscales propuestos por la administración universitaria, grupos estudiantiles y organizaciones docentes y, finalmente, publicó e impuso su propio plan en abril del 2018, duplicando de inmediato los costos de matrícula, estableciendo aumentos posteriores, y presentando algo llamado “campus consolidation” (por lo general se comunica en inglés, La Junta, independientemente del contexto o la audiencia) que es difícil no interpretar como un plan para cerrar, o al menos encoger, a los siete recintos más pequeños, y por ende reducir significativamente la cantidad total de estudiantes y empleados docentes y no-docentes en el sistema. Irónicamente, la misma Junta que le exige “austeridad” a la UPR le cuesta a Puerto Rico 5.7 millones al mes en gastos operacionales y le paga salario y beneficios escandalosos a su directora ejecutiva.  

 

Tomando en cuenta la coyuntura histórica que atraviesa Puerto Rico, una esperaría que el gobierno facilitara, incluso motivara, iniciativas de investigación y creación en temas urgentes como lo son el desarrollo de nuevas tecnologías solares o el tratamiento de trauma. La UPR es un centro crucial de investigación, que genera más del 70 por ciento de la producción científica del país. A pesar de las cargas pesadas y la falta de acceso a ciertos recursos académicos, la universidad ha logrado allegar y retener un cuerpo docente de calibre mundial que incluye humanistas y científicos reconocidos, y es un espacio que nutre el pensamiento crítico y la innovación científica. Por poner un ejemplo: mientras muchas universidades en Estados Unidos intentan, con dificultad, producir más grados STEM, especialmente entre entre estudiantes latinos, la UPR es, por mucho, una de las que más estudiantes gradúa en ciencia y tecnología a nivel subgraduado y graduado.

 

Pero en lugar de promover y fortalecer nuestros recursos públicos, el gobierno parece estar empeñado en subcontratar compañías norteamericanas y en fomentar las ganancias privadas a expensas del bien público. Facilidades importantes, como el impresionante Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico–que no solo jugaría un rol importante en atender nuestra desesperada situación de salud, sino que allegaría ingresos a la universidad misma–estuvo languideciendo mucho tiempo gracias a la inacción gubernamental, e iniciativas como el “posterriqueño” (que recortaría a la mitad nuestros gastos de iluminación  de exteriores), son ignoradas y saboteadas por la burocracia local.

 

Mientras tanto, el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, ha declarado que los recortes impuestos por la Junta son “manejables”. La Junta de Gobierno de la UPR, amarrada a intereses políticos y politiqueros, ha hecho poco por defender a la institución. La complicidad entre esa junta (de gobierno) y La Junta (de Control Fiscal) se hace evidente  cuando vemos que los esfuerzos que la universidad puede hacer en el ámbito jurídico para protegerse de los recortes bajo el título III de la ley PROMESA los están liderando no los administradores, sino una coalición de docentes (extenuados pero en pie de lucha) que ha presentado una demanda que busca proteger a la universidad como el “servicio esencial” que ciertamente es, especialmente en tiempos de crisis.

 

El aumento en la matrícula ha sido justificado por La Junta y sus partidarios usando el argumento de que la UPR es mucho más “barata” que las universidades públicas en los cincuenta estados. Lo que no dicen es que al tomar en cuenta variables como ingreso familiar y precio neto, los estudiantes puertorriqueños en realidad pagan más, no menos, que sus contrapartes en Estados Unidos. Obligarlos a obtener préstamos para pagar por sus estudios en un mercado laboral deprimido, como el nuestro, es añadir insulto a la afrenta. Encoger o cerrar los recintos más pequeños en nombre de una supuesta “eficiencia”, por su parte, tendría impactos negativos, directos e indirectos, en las economías de algunos de los municipios más vulnerables de la isla, y obligaría a muchos estudiantes de esos pueblos a dejar de estudiar–o a matricularse en alguna de las múltiples instituciones, con fines de lucro y de valor cuestionable, que con tanto empeño los reclutan y con tanta frecuencia los endeudan.  

 

Este ataque contra la universidad pública, una institución tan respetada que hasta un miembro de la Junta la describió recientemente como “esencial”, no debe verse como un fenómeno aislado, sino ubicarse en el contexto de una toma violenta o golpe de estado por parte del llamado “capitalismo del desastre”, donde aquellos que obtienen y obtendrán ganancias a costa de la tragedia de Puerto Rico se benefician no de uno sino de dos  desastres: el yugo de una deuda impagable (alrededor de $72 billones en bonos y $50 en pensiones), y el impacto de dos huracanes seguidos, Irma y María, con daños estimados de $90 billones y una secuela de miles de muertes.

 

De hecho: todavía no conocemos con precisión el número de muertos, ya que el gobierno local no pudo o no quiso contarlos en tiempo real. Cuando el reclamo público para que se reconociera que la cantidad de muertes excede por mucho al número oficial se tornó ensordecedor (gracias en gran medida a los esfuerzos locales del Centro de Periodismo Investigativo), el gobierno contrató no a la UPR sino a la universidad (privada) George Washington para hacer el estudio y el análisis. Sin dudar de la calidad del trabajo de los investigadores de GW, esta contratación es un ejemplo más de la tendencia, por parte del gobierno local y el federal, de tratar los aspectos relativos a la recuperación post-María como una oportunidad para transferir recursos y servicios de manos públicas a manos privadas. Algunos de esos contratos, muy grandes y en ámbitos urgentes como energía y alimentación, fueron otorgados a firmas privadas con resultados frecuentemente desastrosos. Pero los partidarios del “gobierno pequeño” no se amilanan: los planes para privatizar la producción y distribución de energía siguen en pie, y parte del presupuesto del departamento de educación, por ley, alimentará las arcas de las escuelas privadas y charter.

 

La pregunta de cómo le aplicarán el manual del capitalismo del desastre a la universidad es un poco más complejo o sutil, pero quizás más siniestro. A diferencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Educación o cualquier otra agencia del Estado, la UPR cuenta con una ley de gobernanza y financiamiento  (totalmente menoscabada por la Junta) que le confiere un grado de autonomía indispensable para garantizar que la libertad de pensamiento, la búsqueda del saber y el libre flujo de críticas e ideas no estén maniatados a intereses políticos. Sin embargo, parte del discurso oficialista ha sido reducir a la UPR a un brazo operativo de la rama ejecutiva del gobierno y tratarla como una agencia gubernamental más, recortando, por ejemplo, su presupuesto general de manera desproporcionada y asignándole 10 millones de dólares a la nueva Oficina de Transformación Institucional (OTI). Esta  oficina, adscrita a la Junta de Gobierno con acceso “completo, libre e irrestricto” al funcionamiento de la UPR, está encargada de implementar las medidas del plan fiscal y “proyectos especiales” que sospechamos beneficiarán entidades a privadas.

 

La aplicación del capitalismo del desastre a la UPR  presenta serias amenazas para los estudiantes. En una isla en donde el 40 por ciento de la población y más de la mitad de los niños viven bajo el nivel de pobreza, los estudiantes más afectados por cualquier recorte, incluyendo los que exige La Junta, son precisamente los más necesitados. Esto se debe no solamente, o incluso principalmente, al alza en la matrícula, sino a dos factores que se discuten con menos frecuencia.  Primero, el sistema de admisiones está basado parcialmente en un examen de admisión, lo que implica que cualquier reducción de espacio deja fuera a los estudiantes con las puntuaciones más bajas. Estos estudiantes, por razones estructurales de desigualdad educativa, suelen ser los más pobres. Segundo, los recintos regionales que aparentan estar más amenazados en el Plan Fiscal presentado por la Junta, tales como Utuado o Aguadilla, suelen servir más estudiantes de escasos recursos y menor capacidad para mudarse a otro recinto que los recintos más grandes (como Río Piedras o Mayagüez). En Puerto Rico, estos  estudiantes más vulnerables (es decir, estudiantes de escasos recursos sin acceso a un recinto de la UPR) son activamente reclutados y absorbidos por una industria de educación con fines de lucro  (“for-profit”) que les cobra la totalidad de la beca Pell y los exhorta a asumir préstamos estudiantiles,  en un esquema muy similar al que ha causado el endeudamiento de gente joven y el aumento desproporcionado en el impago de deuda estudiantil en los Estados Unidos. Para colmo (¡qué ironía!) algunas de las entidades financieras que poseen o tienen lazos con la industria de educación con fines de lucro  son además tenedoras de bonos puertorriqueños. Este es el caso, por ejemplo, de Apollo Group, el fondo buitre que incluye a la University of Phoenix en su portafolio.

 

Resulta muy sugestivo, en este contexto, que nuestra (única) representante en Washington, la comisionada González, haya presentado recientemente un proyecto de ley para suavizar las regulaciones del sector de colegios for-profit en Puerto Rico. Específicamente, el proyecto busca maximizar la cantidad de fondos públicos a los que estas instituciones tienen acceso. No vemos a González, por otra parte, legislando para ayudar a la universidad pública, que gradúa más estudiantes, con grados de mejor calidad.

 

Los peligros que encaran los estudiantes en la mayoría de las instituciones for-profit en Puerto Rico son los mismos que enfrentan jóvenes universitarios en los cincuenta estados: con escasas excepciones, las for-profit tienen tasas de graduación muy bajas y ofrecen grados de dudosa calidad. Los estudiantes que asisten a estas instituciones suelen quedar endeudados, sin grado y sin empleo.  En contraste, la UPR tiene las mejores tasas de graduación de Puerto Rico, ha sido ampliamente reconocida como un motor de movilidad social, y le permitió a muchas personas en generaciones previas salir de la pobreza. Mientras que en Estados Unidos, los recintos principales (flagship) de los sistemas de universidades públicas son cada vez menos accesibles para estudiantes de bajos ingresos y en algunos, como  en la Universidad de Michigan, menos del 15% de los estudiantes son técnicamente “low-income”, en los dos recintos subgraduados principales de la UPR más de la mitad de los estudiantes lo son.  Este hecho resulta especialmente importante cuando tomamos en cuenta que Puerto Rico tiene el índice de desigualdad más alto de las Américas. Hay un consenso entre muchos economistas reconocidos, locales y extranjeros: los ataques contra la universidad pública (y las medidas de austeridad en general) aumentarán aún más la ya creciente brecha entre pobres y ricos y afectarán negativamente la economía en general.

La Junta nos dice que la Universidad de Puerto Rico debe cambiar para parecerse más a “las universidades del norte”, es decir, que reciban el menor apoyo público posible. Han justificado el ataque a la UPR diciendo que la institución es una carga para el país y que necesita seguir el modelo de las universidades en los cincuenta estados. Pero nosotras decimos que tal vez lo que necesitamos en este momento crítico es precisamente lo contrario.  Que en lugar de tratar de parecernos a las “universidades del norte”, la UPR debe luchar para continuar siendo una universidad del sur global, una universidad pública comprometida con la diversidad, el acceso, el pensamiento crítico, la justicia social y el bien común.

 

*Nota: Este artículo fue escrito originalmente en inglés, para el periódico The Nation, y posteriormente publicado en español en la revista digital 80grados. Por Rima Brusi, Yarimar Bonilla e Isar Godreau.

 

La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

imagen: adepto.de educación

La demagogia pseudo-matemática del cierre masivo de escuelas

Una columna reciente en El Nuevo Día define las escuelas como un “servicio del mercado” que ha fracasado en Puerto Rico, y aplaude el cierre de cientos de escuelas como la solución a ese fracaso. El argumento del autor, un economista, se basa en una serie de números que juntos conforman un alegato pseudo-matemático: demasiados maestros, demasiados planteles, y muy pocos estudiantes.

Pero ese argumento es profundamente problemático.  Primero porque la premisa que le sirve de arranque tiene poco que ver con números y mucho que ver con ideología. La escuela pública no es un “servicio del mercado”, porque la educación no es lo mismo que una alfombra o un corte de pelo: es un derecho. Los estudiantes no son clientes: son el corazón y motor de la sociedad y la economía. Si no los educamos bien, fracasamos todos.

Segundo, porque los números pueden ser, en principio, una herramienta importante. Pero son, por sí solos, insuficientes. Mal utilizados, resultan, en el mejor de los casos, inútiles; y en el peor, demagógicos.

El sistema público de educación no puede estar regido por la lógica del lucro (y no nos engañemos, porque es el lucro, justamente, la esencia del mercado) por la misma razón que tampoco pueden estarlo, por ejemplo, un sistema de hospitales o de rehabilitación de presidiarios. Estos son servicios esenciales para la calidad de vida de los pueblos y requieren de una gran inversión y compromiso colectivos. Los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos que protegen e invierten en sus escuelas públicas, no las que se las venden al mejor postor.

O tal vez debo decir al peor postor (¿o al peor pastor?), porque recién le han vendido la escuela Julia de Burgos a una iglesia evangélica, por un pesito. Ese número “1$” sí que es importante y necesita explicación.

Y es que algunos números sirven para proveernos información útil, y otros sirven para esconderla.

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el tamaño y tipo de los planteles. La mayoría de los cierres anunciados por el departamento de educación dirigido por la secretaria Keleher son de escuelas elementales: sin embargo, hay investigaciones rigurosas que sugieren que las escuelas pequeñas y comunitarias son mejores para el desarrollo académico y emocional de los estudiantes, especialmente en grados primarios. Como país, ¿queremos mover a esos niños a una escuela más grande y distante?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta la calidad de las mismas. ¿Cómo explicar, si no, el cierre de escuelas de excelencia académica como los son el 30% de las escuelas Montessori incluidas en la lista de cierres?

Los promedios de estudiantes por escuela que usan los que alegan que hay “demasiadas escuelas” no toman en cuenta el texto mismo de la ley de reforma educativa que ellos (y sus números) han impulsado. Porque si hay demasiadas escuelas y pocos estudiantes, ¿cómo es que estamos creando chárters y enriqueciendo escuelas privadas a costa del erario público?

Nuestro sistema educativo, como todos nuestros sistemas, tenía problemas serios antes del huracán y antes de los cierres. Pero la causa de esos problemas tiene poco que ver con el promedio de estudiantes por escuela y mucho que ver con el hecho de que las administraciones del departamento de educación suelen usar los dineros públicos no para pagarle bien a los maestros, arreglar baños y proveer materiales, sino para pagarle bien a individuos y compañías privadas que aparecen como hongos en tiempos difíciles y que históricamente se han lucrado proveyendo “talleres” donde los maestros aprenden poco y “tutorías” donde los estudiantes aprenden menos aún.

De nuestros expertos, necesitamos menos numeritos simplones y más rigor y evidencia. La experiencia de los países y regiones que sujetan sus sistemas educativos a la lógica del mercado no ha sido buena. Necesitamos datos serios, aprender de lo que sí funciona, y reconocer, de una vez, que la escuela no es un “servicio de mercado” sino un derecho de los individuos y los pueblos.

 

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